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El jueves 3 de julio de 2025 quedará marcado como una jornada de fracturas profundas en el gobierno del presidente Gustavo Petro, una secuencia de hechos que, más allá de la anécdota política, reflejan una grave descomposición institucional y una peligrosa consolidación de poder en manos de un círculo cada vez más estrecho y leal, pero menos competente.
A primera hora el país se sorprendió con la renuncia de Laura Sarabia al cargo de canciller. Lo hizo luego de que le quitaron el manejo del contrato de pasaportes y se convirtió en el símbolo más elocuente de este desorden. Sarabia, la que llegó a ser la funcionaria de mayor confianza del presidente, había alertado sobre la inviabilidad técnica de trasladar la impresión de pasaportes a la Imprenta Nacional antes de septiembre. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y sus funciones usurpadas. Algo que por demás va contra el Decreto Ley 20 de 1992 el cual señala que la expedición de pasaportes es función indelegable del Ministerio de Relaciones Exteriores. En un giro desconcertante, el presidente Gustavo Petro le agradeció públicamente sus servicios, utilizando expresiones como “hormiguita” y “codiciosa”, en una muestra más de la volátil forma en que se administran las relaciones políticas dentro del Ejecutivo.
Peor aún fue la respuesta institucional: Gustavo Petro entregó la dirección de este negocio al pastor Alfredo Saade, actual jefe de su despacho, un personaje opaco, escandaloso y sin peso específico para ocupar ese cargo, pero con sólidas credenciales de lealtad ideológica y dispuesto a hacer lo que sea que le manden. De hecho, han argumentado razones de “soberanía de la información” para hacer el cambio, pero no se entendería entonces por qué se lo quitan a una empresa colombiana para hacer un convenio con Portugal para la impresión de pasaportes.
Ese contrato de pasaportes es otro de los muchos ejemplos de descalabro del gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que el primero en querer saltarse la ley para complacer los caprichos de Petro fue Álvaro Leyva, y eso le costó que la Procuraduría lo tumbara. Ese contrato de los pasaportes, además, ya ha implicado declarar urgencia manifiesta, que es otra manera de mostrar la ineficiencia del Estado. Y hoy la incertidumbre es total: la Imprenta, según técnicos de la Cancillería, no está en condiciones de hacer dicho proceso.
Por eso, para que nadie le lleve la contraria al capricho revanchista del Presidente, fue que eligieron al autodenominado “pastor” Saade —cuya cercanía con Armando Benedetti es notoria— y se confirma así que el gobierno se repliega en una especie de guardia pretoriana conformada por Saade, Benedetti y el exfiscal Eduardo Montealegre, personajes ellos altamente cuestionados.
A esta reconfiguración interna se sumó ayer otro hecho bastante inquietante para el Gobierno: un magistrado ordenó la captura de Carlos Ramón González, a quien Petro tuvo como su Director Nacional de Inteligencia y así como el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia. Su caída marca un giro inédito, pues hasta ahora había gozado de protección política. El caso del cual se le acusa es grave: el saqueo de la Unidad de Riesgos, para pagar coimas a congresistas para que aprobaran las reformas de Petro. El caso queda así abierto para que salpique a otros altos mandos de la Casa de Nariño.
Como si todo esto no fuera suficiente, ayer también se desató una nueva crisis diplomática con Estados Unidos: por primera vez en más de un siglo, Washington llamó a “consultas urgentes” a su embajador en Bogotá, pues exige explicaciones por “las declaraciones infundadas y reprobables de los más altos niveles del Gobierno de Colombia”, haciendo referencia tal vez a las acusaciones de que personajes políticos de Estados Unidos estarían participando en el supuesto “golpe de Estado” fraguado por Álvaro Leyva. La inestabilidad en la Cancillería —tras la salida de Luis Gilberto Murillo y ahora de Sarabia— refleja un desorden que compromete la seriedad del país ante socios estratégicos.
Y como si eso fuera poco, persisten las dudas sobre la reciente visita de Petro a Manta, Ecuador, y los rumores nunca aclarados de un supuesto golpe de Estado impulsado por Leyva. Sobre lo de Ecuador todavía está por descifrarse si en efecto se reunió con algún tipo de personas con cuestionamientos, de todas maneras estuvo en esa región bastante extraña para la visita de un presidente sin dar el aviso debido al Congreso de la República. “No hay manera de que un presidente llegue a Manta sin autorización de narcos”, dijo ayer la viuda del candidato ecuatoriano asesinado, Fernando Villavicencio.
Era tanto el ruido ayer que pasó de bajo perfil la captura del abogado Alex Vernot, condenado a seis años de prisión por sobornos en el escándalo Hyundai-Mattos. Vernot, otro amigo íntimo del presidente y figura influyente en su entorno, fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba salir del país. Cabe recordar que Petro incluso le dio a la esposa de Vernot un cargo como embajadora ante la Unesco en París, que se ha entendido como un cargo para Vernot, lo cual agrava las implicaciones éticas de esta relación.
Este no fue simplemente un mal día. Fue otro episodio en una serie de decisiones que exhiben un patrón preocupante: la captura del Estado por parte de un núcleo cerrado de aliados, la politización de los contratos públicos, la debilidad en la política exterior, el desprecio por el conocimiento técnico y la creciente desconexión con las prioridades ciudadanas. Esto no puede analizarse como eventos aislados, sino como piezas de una tragedia institucional que compromete la gobernabilidad democrática.
Cuando el caos se vuelve rutina, la democracia deja de ser un proyecto colectivo para convertirse en una operación personalista.