La Corte Suprema de Justicia tomó la última palabra en un caso en Antioquia que comenzó con una deuda y terminó en un homicidio doble.
El hecho ocurrió en 20212, cuando Adriana Janeth Osorio Bustamante, buscó a un grupo delincuencial para cobrar una deuda de $300.000, que terminó en un brutal caso de secuestro, tortura y homicidio de un campesino y su hijo menor de edad en Mutatá, Urabá antioqueño.
La reconstrucción de los hechos en el proceso concluyeron que el 23 de marzo de 2012, el campesino Manuel Antonio Ruiz Torregrosa y su hijo de 15 años, salieron desde su casa en la cabecera municipal de Mutatá, después de recibir un mensaje de texto que le informaba al padre que había ganado un supuesto premio de $10 millones, y que para reclamarlo tenía que hacer varias recargas por $300.000 pesos a varios números de celular.
Las recargas se hicieron el restaurante La Sorpresa, que era administrado por Adriana Osorio. Sin embargo, después de finalizadas las recargas el hombre manifestó que pagaría los $300.000 una vez recibiera el premio que estaba esperando, según le narró a la mujer. Pero la mujer llamó de inmediato a la policía y al no obtener respuesta rápida decidió contactar a Ernesto Góez Valderrama, jefe de un grupo delincuencial de la zona, a quien le pidió que le ayudara a recuperar el dinero de las recargas.
El magistrado Gerson Chaverra señaló en la sentencia que la mujer tenía absoluto conocimiento de el actuar extremadamente violento de Chaverra, por lo que era presumible el desenlace que tendría la historia. “Sabía de los métodos violentos usados por Ernesto Góez y su organización cuando intervenían en la resolución de algún conflicto, siendo especialmente despiadados. No obstante, lo anterior no fue impedimento para que Osorio Bustamante acudiera ante alias ‘El Tío’”, relató el magistrado.
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Ese mismo 23 de marzo, cuando el campesino y su hijo regresaban a su casa, fueron asaltados por los integrantes de la banda de Chaverra, quienes los secuestraron y le exigieron a la familia $2 millones a cambio de su liberación. La familia de las víctimas era campesina y de bajos recursos, nunca tuvieron posibilidad de haber conseguido el dinero para pagar la extorsión. Por esta razón, Ruiz y su hijo fueron desaparecidos, torturados y posteriormente asesinados y lanzados al río Sucio. Según el dictamen de Medicina Legal, el menor tenía signos de vejámenes en su cuerpo, incluyendo fracturas y signos de violencia sexual.
La mujer cuya decisión desencadenó en este brutal doble homicidio había sido absuelta en primera instancia. No obstante, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión el 15 de septiembre de 2023 y la Corte Suprema acaba de ratificar dicha decisión. La mujer fue condenada a 10 años y medio de cárcel y a pagar a la familia de sus víctimas 800 salarios mínimos legales vigentes. El alto tribunal también negó la solicitud de la defensa de declarar prescrita la acción judicial.
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