El Estado le propinó otro golpe al clan de la fallecida Enilce López, conocida como La Gata, la poderosa empresaria del chance en la Costa Atlántica vinculada al paramilitarismo y condenada por lavado de activos y homicidio.
La Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras anunciaron la recuperación de 263 hectáreas en San Benito, Sucre, que pertenecían al exsenador Héctor Julio Alfonso López, hijo de “La Gata”, y quien es investigado por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia.
El predio será entregado a 25 familias que conforman la Asociación de Pescadores y Agricultores Víctimas del Conflicto de Doña Ana. “La diligencia se da en un proceso de extinción del derecho real de dominio adelantado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, como resultado de graves señalamientos por parapolítica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación de campañas políticas con recursos provenientes de estructuras armadas ilegales”, señaló la ANT.
Felipe Harman, director de dicha entidad, aseguró que la recuperación y entrega de dichas tierras, provenientes de un conglomerado criminal con influencia en decenas de municipios de la Costa, representan una reparación histórica que refuerza la justicia agraria y social en beneficio de los campesinos.
“Estamos alegres, dichosos, porque vamos a tener donde cultivar, que es lo que queríamos nosotros. Nosotros somos del corregimiento de Doña Ana, pertenece a San Benito Abad. Aquí podemos llegar de a pie porque está cerca. Y es algo que queríamos nosotros, estar cerca donde podíamos tener una tierra donde cultivar porque prácticamente la economía en Doña Ana”, expresó Pedro César Pabuena, campesino beneficiario.
¿Quién es Héctor Julio Alfonso López?
Héctor Alfonso López, exsenador y quien hizo su carrera política amparado en el poder económico y los nexos de su madre, es señalado por la JEP de haber tenido presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en su campaña a la Cámara de Representantes por el departamento por Bolívar en 2010.
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La Corte Suprema, que llevaba originalmente la investigación contra el hijo de “La Gata”, determinó el 2018 que el político “habría realizado actos que lo relacionarían con las AUC, no solo cuando fue congresista, sino antes de posesionarse como tal”. Además, según las investigaciones judiciales, el alto tribunal sostuvo que “que meses previos a la contienda electoral para el periodo legislativo 2006-2010, el mencionado habría financiado su campaña política con dineros provenientes de las AUC, específicamente de los comandantes Salvatore Mancuso y Jorge 40”. Con la curul en sus manos, Alfonso López habría utilizado su cargo para beneficiar a paramilitares en dicha región.
Su caso pasó a la JEP. Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de este tribunal transicional le negó definitivamente su ingreso a dicho sistema de justicia, luego de determinar que sus aportes a la verdad acerca de sus vínculos con paramilitares y delitos cometidos en connivencia con ellos no eran suficientes para demostrar su voluntad de acogerse y aportar verdad, justicia y reparación a las víctimas. “Realizó manifestaciones tanto frente a sus propias conductas como frente al accionar de su grupo familiar que resultan contrarias a la abundante evidencia recabada por la justicia ordinaria, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con las AUC y a la forma como canalizaban dineros ilícitos a través de sus empresas”, dictó la JEP.
El exsenador tuvo el mismo desenlace de su hermano, Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué, y vinculado a casos de homicidios de dos periodistas y un empresario, así como concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El conocido como alias “El gatico”, no logró ingresar a la jurisdicción especial luego de que esta determinara que en ningún momento tuvo interés en aportar verdad, a pesar de que las pruebas en su contra eran contundentes. “Se encontró probado que para el cumplimiento de este objetivo se sirvió de miembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes estaba en capacidad de impartir órdenes en su calidad de jefe e integrante de dicha organización”.
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