El Consejo Académico rechazó el comunicado del Gobierno Nacional que considera, entre otras cosas, “preocupante”.
Días después de que, a través de redes sociales y no de manera oficial, el Ministerio de Educación le enviara un comunicado a la Universidad de Antioquia dándole un plazo de dos días para entregar un plan para salir de la crisis financiera en la que está hace años, desde la Universidad publicaron entregaron una respuesta oficial rechazándolo.
Y es que a la Universidad este año le quedaron faltando por lo menos $135.000 millones para cubrir sus gastos.
El pasado 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro había publicado un mensaje que parecía esperanzador, pues resaltaba la necesidad de “un plan de salvamento de la Universidad y de su extensión a las comunas populares de Medellín y la provincia antioqueña” y anunció “una reunión especial para tratar el caso de la Universidad de Antioquia en mi despacho”.
No obstante, cuando en el centro académico esperaban la citación a la Casa de Nariño, lo que les llegó fue la noticia de que en redes circulaba una carta del Ministerio de Educación en la que señala que las directivas de la universidad no han colaborado con la inspectora nombrada y les dan dos días para presentar un plan de austeridad y propuestas de solución estructural, y hasta anuncian posibles sanciones para los funcionarios que no acaten la solicitud.
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La comunicación dirigida al rector, John Jairo Arboleda, tiene fecha del viernes, 12 de diciembre y la firma el subdirector (e) de Inspección y Vigilancia del MinEducación, Harold Antonio Hernández. Solo que la Universidad no se enteró de manera directa, sino por la rotación del texto en redes sociales.
En el primer párrafo, plantea que ha habido una “eventual obstrucción reiterada a la labor de inspección y vigilancia” y le ordena al rector que elabore y documente un plan de reducción y contención del gasto de funcionamiento que se aplique de inmediato, con el fin de que la plata que le llega a la U. se utilice de forma estricta en las “funciones misionales de docencia, investigación y extensión”.
Ese plan, apunta, debe suspender, también de inmediato, nuevos acuerdos, convenios o contratos que no tengan relación directa con las labores educativas; también, restricciones a viáticos y gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y otros gastos que no sean indispensables.
Igualmente, ordena revisar los contratos de apoyo administrativo tercerizado para ajustarlos, reducirlos o terminarlos si no son necesarios, y que toda decisión que implique un gasto se justifique, garantizando además la disponibilidad real de caja.
De manera directa, Hernández llama a revisar el modelo de contratación que se hace a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la Fundación Universidad de Antioquia, del que se ha dicho que es un mecanismo para tener nóminas paralelas y no siempre bajo criterios técnicos.
Fuera de eso, pide una relación de los trabajadores a los cuales les han aumentado el salario, con el respectivo estudio técnico, financiero y jurídico que sustenta la determinación.
Pero además, ese plan de austeridad debe acompañarlo la Universidad con una estrategia de seguimiento y monitoreo que garantice el cumplimiento, con reportes periódicos al Ministerio.
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Pues bien, el 18 de diciembre, el Consejo académico de la Alma Máter, publicó un comunicado de respuesta al Ministerio de Educación tras una reunión extraordinaria.
En primer lugar, el Consejo se refiere a la orden de suspender algunas contrataciones, pues señala que algunos equipos de apoyo se contratan con fondos especiales, producto de la gestión de recursos propios, por lo que no se asumen desde los fondos generales.
“Suspender la contratación de estas personas, consecuencia de algunas de las medidas indicadas por el Ministerio, pone en riesgo la capacidad instalada institucional, la misma gestión de recursos, la continuidad de procesos estratégicos y podría afectar la misionalidad universitaria”, aseguran.
En segundo lugar, frente a la solicitud de un “Plan de Reducción y Contención del Gasto de Funcionamiento y un Plan de Salvamento Financiero”, desde la Universidad aseguran que este fue enviado al Ministerio el pasado 16 de diciembre, pero señalan que es importante que el Gobierno Nacional entienda que la aplicación de estas medidas debe ser gradual, pues de lo contrario se afectarían gravemente procesos misionales y administrativos de la institución.
“Insistimos en que las medidas adoptadas en el contexto actual deben ser razonadas, razonables y concertadas”, agregaron.
Acto seguido, aseguran que hay evidencias de que a la inspectora in situ, designada por el Ministerio de Educación a principios de septiembre, se le ha entregado toda la documentación que ha pedido, por lo que dicen que les preocupa que en el oficio del Ministerio se diga lo contrario.
Hay que recordar que la inspectora in situ desginada por el ministro Rojas es Paola Martínez Ruiz y antes de su aterrizaje en la U. de A. solo había trabajado en la Sociedad de Activos Especiales (entidad de la que Rojas fue director a comienzos del gobierno Petro).
Por otra parte, rechazan que el Ministerio asegure que hubo dificultades en el trámite y la aprobación del presupuesto para el 2026, pues este también fue aprobado por el Consejo Superior el pasado martes 16 de diciembre por un valor de $1.777 millones, un 0,29% más que el del 2025.
Hay que recordar que como delegado del Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario todavía sigue Wilmar Mejía, alto y poderoso funcionario de inteligencia del Gobierno que además ha sido señalado en serias investigaciones periodísticas de ser uno de los enlaces de las Disidencias de las Farc de alias Calarcá en el Gobierno.
A pesar del escándalo por sus presuntos vínculos con criminales y de su irrefutable participación en organismos de inteligencia del Estado, el presidente Petro y el ministro Rojas lo han mantenido allí, y el movimiento estudiantil, tan beligerante e inflexible en otras ocasiones, ha sido tímido en esta para exigir su renuncia.
Finalmente, en su comunicado, el Consejo Académico de la Universidad, califica como “preocupante” el tono usado en el oficio del Ministerio porque considere que, “además de perentorio, deja abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas subsecuentes que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”.
Aseguran que quieren tanto como el Ministerio dar salida a la crisis y que para ello “se precisa de superar las posiciones personales o las pugnas política”.
“Hacemos un llamado a la unión de esfuerzos entre los distintos estamentos y las instancias gubernamentales para que mantengamos vivo el proyecto universitario, procurando no generar fisuras a la confianza institucional. Este momento de crisis nos pide grandeza de todos los actores”, concluyeron.
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