Bien o mal, Gustavo Petro significó un punto de giro en la historia presidencial de Colombia. Su tono y forma de gobernar (ver páginas 3 y 4) marcaron una profunda distancia frente a lo que cualquier asesor de ciencia política o marketing habría imaginado nunca. Petro ha sido durante los tres años de su Gobierno, que se cumplen este jueves 7 de agosto, sobre todo, un mandatario irreverente.
Pero, en política pública, las mediciones siguen siendo iguales. A los gobiernos se les evalúa por resultados. Los análisis en todo caso no pueden ser inmediatos porque las políticas pueden tener un periodo de ejecución de 10 años o más y ese es el tiempo en el que los expertos recomiendan hacer mediciones a resultados. Pero lo que sí puede verse en detalle es cómo les ha ido hasta ahora a los proyectos “del corazón” del presidente del que decidió llamar como eslogan “el Gobierno del cambio”.
Para Petro hay sectores determinantes, otros importantes y otros que ha decidido obviar. Y a esos tres grupos se refiere permanentemente mezclando ataques personales a sus críticos, las instituciones, la oposición, y los medios, que han sido un blanco estratégico y obsesivo en el último año. También ha asegurado en sus tres años de administración que es víctima de un “golpe blando”, otras veces de un “golpe de Estado”, y de intentos de asesinarlo, sobre los cuales todavía no existe una prueba puntual.
Salud
En Salud, la administración Petro ha tenido una gestión deficiente. Hay eventos que lo comprueban de manera práctica como la transformación del modelo del Fondo del Magisterio (FOMAG). Esta fue desorganizada y sin atender a tiempo a una planeación que pudiera garantizar que los precios de los servicios para los maestros tuvieran control y los servicios se siguieran ejecutando. El Gobierno pasó a decidir a dedo un nuevo listado de prestadores y al giro directo a clínicas y hospitales que generó un caos para los maestros y protestas en varias ciudades del país. Si había cosas que cambiar, la transformación del modelo propuesto por el Gobierno no ha resultado hasta ahora.
El presidente argumentó en su última alocución que su Gobierno ha logrado bajar la tasa de mortalidad de menores de cinco años en un 17 % en todo el país, esto de acuerdo con la comparación de años anteriores y la vigilancia epidemiológica. Aunque Petro tomó cifras del 2025 que sigue en curso y no está consolidado. Pero todo el resto del sistema de salud, incluyendo servicios y medicamentos a pacientes que los necesitan urgentemente, se ha convertido en un caos.
ACEMI, el gremio de las EPS, asegura que el Gobierno con corte a 2024 tenía una deuda de 13,9 billones de pesos, lo que se traduce en un efecto dominó por deudas a clínicas y hospitales y operadores farmacéuticos. Los pacientes de diabetes han tenido retrasos en todas las regiones en la entrega de la insulina que es un medicamento vital. La ADRES asegura que el presupuesto en salud es superior a los 80 billones de pesos pero durante tres años el Gobierno se dedicó a mantener una pelea con las EPS por el establecimiento de pagos como el de la UPC y los presupuestos máximos que las aseguradoras, insisten, han sido muy por debajo de lo esperado y agudizan la situación financiera.
Petro ha dicho que las EPS han “desaparecido 100 billones de pesos” del presupuesto público, pero esa afirmación no tiene todavía ningún fundamento. De hecho, Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde hace más de un año, le debe a grupos de clínicas como Zentria alrededor de 600.000 millones de pesos con corte a 2024. Lo que demuestra que la decisión de detener pagos en el Gobierno no ha sido solo a EPS, sino también a hospitales generando barreras de acceso.
“Los indicadores que realmente preocupan son los de acceso, el incremento del gasto de bolsillo, y las barreras de acceso a citas, procedimientos y medicamentos. Lo que más preocupa es que el sistema de salud que teníamos implementado se está destruyendo. Y esos indicadores convenientemente no los muestra el presidente”, dijo a este periódico Andrés Vecino, Ph.D de Salud Pública de Johns Hopkins.
Las tutelas para solicitar servicios al sistema aumentaron en 2024 un 70 % llegando a 265.000. En 2025 ya van 302.000, de acuerdo con cifras de la Corte Constitucional. Hay nueve EPS intervenidas que representan el 74 % de las deudas de las 29 entidades activas y no se demuestran resultados positivos bajo la intervención. Esto ha derivado en vidas de pacientes en riesgo, a las que el presidente no se refiere.
Tierras
El tema en el que mejor le va al Gobierno es en tierras. La Reforma Rural Integral era un mandato del Acuerdo de Paz pero ni el propio Gobierno de Santos, que firmó el acuerdo con las Farc, ni el de Duque lograron avances concretos. En la administración Petro la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha entregado cerca de 634.712 hectáreas, de las cuales más de 400.000 fueron compradas. Fueron 27.827 en el gobierno Santos y 32.614 en el de Duque. En el Caribe y el Magdalena Medio, se han destinado más de 154.000 hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto armado, con beneficios a personas en Antioquia, Bolívar, Cesar y Sucre.
En formalización van 1.7 millones de tierras vs 1.3 de Santos y Duque. Pero la meta de la que el presidente habló al inicio del Gobierno todavía está lejos de cumplirse. El presidente había hablado de comprar 3 millones de hectáreas para entregarlas a campesinos. En este sector no solo se trata de entregar y formalizar.
“La reforma agraria no es solo comprar tierra, eso que quede claro. Usted compra la tierra, pero usted tiene que estar seguro que esa tierra es legal, seguro que esa tierra es productiva, usted tiene que entregársela a un grupo de campesinos, probablemente tiene que asociar campesinos y desarrollar un proyecto productivo. Esa es la verdadera reforma agraria”, dijo a EL COLOMBIANO la exministra Cecilia López.
Orden público y cultivos
En orden público, narcotráfico y cultivos al presidente tampoco le va bien. Es cierto que ha tenido la cifra récord de interdicción e incautación en procedimientos de las Fuerzas Armadas, pero esas cifras se explican en el aumento histórico de la producción de cocaína (3.708 toneladas) y la cifra más alta de cultivos ilícitos (alrededor de 300.000 hectáreas).
La política de paz total no ha funcionado. Según la Defensoría del Pueblo, en 790 de los 1.103 municipios de Colombia hay influencia de actores armados ilegales. Los sitios más críticos son Cauca, el sur de Chocó, el sur de Valle del Cauca, la frontera de Bolívar y Antioquia, Arauca, Guaviare y la subregión del Catatumbo. Este incremento de la violencia se ha visto reflejado en las escaladas terroristas: seis en los últimos dos años.
En el primer semestre de 2025 hubo 77.719 desplazados. Aún no ha terminado el año y ya se superó con creces lo documentado en todo el 2024, cuando se registraron 25.611 desplazados en total.
Hay muchos otros temas. Estos tres recorren bien la administración del presidente. En el último año de Gobierno, Petro ha decidido rodearse de un pequeño grupo de funcionarios extremistas que dicen todos los días que hay que cerrar el Congreso y los medios sin que él los desautorice. Uno de los legados de Petro será cambiar la forma en la que se entiende el estadismo en Colombia. Otro será la necesidad de reconstrucción del sistema de salud y la recuperación del orden público en el territorio. Y uno más, el más resaltable quizás de toda su administración, el haber avanzado en la compra y entrega de tierras.
Choques con instituciones, un desalentador precedente
Justicia bajo ataque: feroz arremetida
No hay sector exento. La pugnacidad, los cuestionamientos cada vez más subidos de tono y sus frecuentes señalamientos –con dejo pendenciero y provocador, al punto que azuza a sus barras bravas–, han caracterizado la relación del presidente Petro con varios frentes de la sociedad.
La Rama Judicial ha quedado en medio de su tono inquisidor. El jefe de Estado ha llegado a cuestionar decisiones de la Fiscalía, fallos de organismos del calibre de la Corte Constitucional y determinaciones del Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia. Basta recordar lo ocurrido en febrero de 2024 cuando, en plena elección de la cabeza de la Fiscalía, manifestantes instigados por Petro atacaron la sede de la Corte Suprema en Bogotá y asediaron a sus magistrados.
Semanas atrás, Petro le quitó la competencia al Consejo de Estado para revisar tutelas en su contra y recién este martes, durante otro Consejo de Ministros televisado, la emprendió contra el magistrado José Fernando Reyes, de la Corte Constitucional, a quien señaló de sabotear la aprobación de la reforma pensional, en la mira de ese organismo por vicios de forma.
“Con esa actitud no contribuye a crear confianza en el sistema judicial colombiano. Como jefe de Estado debería hacer todo lo contrario: infundir confianza y propugnar que se respeten las decisiones judiciales, discrepando de ellas a través de los recursos establecidos”, explica a EL COLOMBIANO Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, Petro llegó a acusar a la Corte Constitucional de generar un “lío fiscal” tras tumbar parte de su reforma tributaria.
La situación ha sido tan insostenible que, en contra de la tradición republicana, muchos magistrados han optado por posesionarse ante sus pares y no ante el jefe de Estado.
Congreso, otro frente de batalla
Otra de las ramas del poder bajo la mira de Petro ha sido el Congreso. El momento más caldeado de la conflictiva relación del jefe de Estado con el Parlamento ocurrió a lo largo del primer semestre de este 2025, cuando el Senado dijo no a su consulta popular.
“El que vote ‘No’ o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo, HP: ¿honorable parlamentario, periodista o político?”, manifestó el mandatario, quien enfiló baterías contra el entonces presidente del Parlamento, Efraín Cepeda.
“No somos notarios del Ejecutivo, mucho menos un apéndice, como pretende este Gobierno, que quiere que seamos notarios de sus reformas”, defendió en su momento el congresista en diálogo con este diario.
Justamente, el momento de mayor tensión se vivió cuando, desconociendo la decisión del Senado, Petro resolvió promover su consulta por decreto, poniendo en jaque la separación de poderes y el propio Estado de derecho. “Fue grave y autoritario”, advirtió el constitucionalista Rodrigo Uprimny.
A ello se suman las amenazas del presidente por convocar una constituyente por caminos inciertos e inclusive, el llamado de su jefe de gabinete, Alfredo Saade, a reelegirse.
Libertad de prensa en jaque
“Los grandes medios mienten descaradamente”. “Los medios son parte del poder económico que se opone al cambio”. “Hay periodistas que ya no informan: hacen parte de la guerra sucia contra el Gobierno del cambio”. En estos términos, bien sea desde plaza pública o desde su trinchera favorita –la red social X (antes Twitter)–, Petro ha atacado y señalado la labor independiente y de vigilancia de la prensa.
El jefe de Estado no ha escatimado adjetivos para cuestionar la labor de los medios, acusándolos de manipular y estar al servicio de intereses oscuros por no estar alineados con su agenda.
“Definitivamente los dueños del capital no tienen patria”, dijo este miércoles en referencia al cubrimiento periodístico del más reciente pleito limítrofe con Perú.
Organismos como la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) han advertido que con sus señalamientos –a tal punto que se refirió a periodistas como “muñecas de la mafia”–, Petro generaliza la labor de los reporteros y “agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado, y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa”.
La situación es de tal calibre que Petro ha denunciado que hay “un golpe blando en curso, impulsado desde los medios”, desconociendo las investigaciones periodísticas que han hecho veeduría a la gestión de su Gobierno.
¿Y la lucha contra la corrupción? En veremos
Sin duda, uno de los grandes lunares del “Gobierno del Cambio” han sido los escándalos de corrupción que han sacudido los cimientos del Ejecutivo y que han puesto en duda el discurso que por años repitió como mantra el hoy presidente Petro.
En un informe divulgado ayer a propósito de sus tres años de Gobierno, la organización Transparencia por Colombia fue tajante: “El Gobierno no tiene un compromiso suficiente ni plan ni estrategia concreta para luchar contra uno de los principales problemas que enfrenta Colombia. Esto, a pesar del discurso anticorrupción que abanderó durante su campaña presidencial. La mayoría de las medidas adoptadas han carecido de concreción, alcance y articulación, siendo en su mayoría acciones parciales y descoordinadas”.
En este contexto no puede pasar por alto el mayor escándalo que involucra al Gobierno: lo ocurrido con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde dineros destinados para carrotanques en La Guajira terminaron presuntamente en bolsillos de políticos inescrupulosos e incluso, sirvieron para –al parecer– sobornar congresistas.
Por estos hechos están hoy en la mira de la justicia –e incluso recluidos– nada menos que los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) o Andrés Calle (Cámara), así como varios de los principales escuderos del presidente, como su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; Luis Fernando Velasco (Interior) y hasta su mano derecha, hoy señalado de ser prófugo, Carlos Ramón González.
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