A la vuelta de un año y 25 días un nuevo Gobierno estará posesionándose en Colombia. Sea quien sea el o la presidente de entonces tendrá un reto y chicharrón mayúsculo: hacer una reingeniería para reconstruir el sistema de salud, si no continúa el petrismo en el poder; o implementar la reforma que impulsa el Gobierno (que es iniciar un modelo desde ceros), si el ungido por Gustavo Petro lo releva en la Casa de Nariño.
Aun si se diera la primera opción, hoy en día el sector vive tiempos aciagos y que no tiene ni chance de mejorar, empezando por la inacción y demora del Ministerio de Salud en implementar la mesa técnica para el ajuste de la unidad de pago por capitación (plata para atención en salud de los usuarios, conocida como UPC), que le ordenó la Corte Constitucional el 13 de mayo pasado.
En términos prácticos, de la UPC depende la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Con esos recursos es que las entidades promotoras de salud (EPS) gestionan que sus afiliados puedan ir al médico cuando lo necesiten. Pero si esa plata empieza a quedarse corta, lo que se desencadena es un efecto dominó que inicia con las demoras en la asignación de citas y programación de cirugías, pasando por el incremento de deudas con los prestadores (hospitales, clínicas, laboratorios) y gestores farmacéuticos y terminando en una situación de colapso en el que se cierran servicios de salud, se saturan las salas de urgencias y en el que los seguros voluntarios (como la medicina prepagada) toman más fuerza.
El consultor independiente en salud, Ramón Abel Castaño, definió este escenario como la consecuencia de “la decisión deliberada del Gobierno para asfixiar a las EPS, creyendo que solo iba a afectar a estas, pero la realidad es que afectó toda la cadena desde los centros médicos y operadores logísticos, hasta los profesionales del sector”.
Intervenciones sin resultados
El Gobierno Petro, por medio de la Superintendencia de Salud, ha intervenido ocho EPS para administrarlas, de las cuales se mantienen siete luego de que la Corte Constitucional tumbara la que le hizo a Sanitas por considerar que se les había vulnerado el derecho al debido proceso.
Como esa medida no es para liquidar (cerrar una aseguradora) sino para manejarlas, la responsabilidad de sus indicadores en salud, en satisfacción y económicos, recae sobre la Supersalud y el Gobierno mismo. Sin embargo, los resultados de esa estrategia han quedado en rojo.
Así lo muestra un informe de la Contraloría General de la República sobre el estado del aseguramiento en salud de las EPS y las cajas de compensación familiar en 2024. Allí se expone que hay una deuda de $32,9 billones de las EPS, de los cuales $24,4 billones (el 74 %) son de las intervenidas. Además, mostró que las PQR (peticiones, quejas y reclamos) pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024.
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Al respecto, el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, dijo que esa situación “va a paralizar las instituciones (hospitales y clínicas) porque los proveedores no les van a seguir despachando ni prestando servicios, máxime con la incertidumbre generada por el Gobierno con la no respuesta a las órdenes de la Corte sobre la insuficiencia de la UPC. En un panorama calamitoso y que está al borde del colapso”.
Entre tanto, el vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga, que encabezó la realización del informe, habló en entrevista con EL COLOMBIANO de “un problema estructural en el modelo de salud” que justifica en que en “1993 el país contaba con 157 EPS; hoy en 2025, solo existen 29 EPS”.
Y aunque le bajó la caña a que ocho intervenciones a EPS hayan resultado mal, señalando que estas no han servido en ningún Gobierno, lo cierto es que cifras de otras instituciones del Estado muestran que el manejo que les dieron empeoró su realidad económica y la atención a los usuarios.
El observatorio Así Vamos en Salud presentó un reporte que advierte que el patrimonio negativo de las aseguradoras intervenidas alcanzó los $10 billones con corte a marzo.
“Una crisis humanitaria”
Aunque por la naturaleza del tema este panorama se aborda desde los números, lo cierto es que el último eslabón que recibe sus impactos son los pacientes y los usuarios. Una situación que explica por qué las PQR y las tutelas se han incrementado.
Cifras de la Superintendencia revelan que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se presentaron 322,03 reclamos en salud por cada 10.000 afiliados, mientras que en el mismo periodo de 2023 la cifra fue de 274,65: un incremento del 17 %. Negación de citas médicas con especialistas, falta de oportunidad en la asignación de citas y acceso a tecnologías fueron los principales motivos de reclamos.
Por su parte, Así Vamos en Salud reveló en su boletín sobre la situación del sector en el país de abril pasado que en 2024 se registraron 1,6 millones de PQRS. Una cifras que representa un récord histórico, que estaba en 1,5 millones. De igual manera, detalla que las tutelas por atención médica crecieron 34 % en 2024 y que el aumento de las PQRS entre enero de 2022 y enero de 2025 fue del 101 %, con especial presencia en las EPS intervenidas.
En atención a esto, el vocero de Pacientes Colombia en Medellín, Gustavo Campillo, habla de que el estado del sistema es de una “crisis no solo financiera, sino humanitaria debido a la repercusión que está teniendo en la calidad de vida de miles de personas. Es una cuestión de humanidad que se deriva de la falta de recursos”.
Y es que las quejas y tutelas no son meras matemáticas. Son el reflejo de quienes ven cada vez más barreras de acceso para ir al médico, para continuar sus tratamientos o para ir a un servicio de urgencias.
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La semana pasada, el mismo día (8 de julio), dos centros asistenciales en Bogotá y Bello (Antioquia) anunciaron el cierre temporal de sus salas de urgencias. Los motivos de ambos tuvieron que ver con la misma razón: plata. Es decir, optimizar recursos y acomodarse a las condiciones actuales del sistema. Y si bien estos son temporales, representa una carga más para la red hospitalaria en ambos lugares y que se seguirá replicando en distintas ciudades cada vez que se cierren estos servicios.
Campillo lo califica como “el verdadero chu-chu-chu” en el que la “población que requerirá ir a urgencias tendrá que ir a otro hospital y ese otro estará saturado y no tendrá recursos, capacidad y capital humano suficiente. Es una catástrofe humanitaria”.
Es solo voltear a ver estas cifras: el Hospital San Vicente Fundación de Medellín reportó en mayo que su ocupación en urgencias estaba por encima del 280 % y el Pablo Tobón Uribe señaló por esa época que la ocupación era superior al 250 % en urgencias para adultos y al 150 % en las pediátricas. Así mismo, cabe recordar que a finales del año pasado, el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá cerró su sala de atención de partos para garantizar mejor atención “en los servicios de urgencias y hospitalización”.
Ante esto, Luis Gonzalo Morales expone que “cuando la gente pide una cita ordinaria y no se la dan, lo que hace es irse por urgencias para que los atiendan porque allá no se les puede negar la atención, pero con el panorama actual esas atenciones no se están pagando oportunamente”.
Desde 2015, en Colombia todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que tengan servicio de urgencias están obligadas por ley a atender un evento de esa naturaleza sin importar a qué EPS esté afiliada la persona que requiera esa atención.
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Intervenciones: subieron tutelas
Otra botón de muestra de la actualidad del sector son las tutelas: mecanismo legal que busca amparar la vulneración de derechos fundamental, como lo es la salud, cuyo uso se pudo emplear también desde 2015 con la aprobación de la ley estatutaria en salud.
En seis EPS intervenidas la cifra de pretensiones en tutelas subieron entre 2021 y 2024, según cifras de la Corte Constitucional. En Savia Salud pasó de una tasa de 38 por cada 10.000 afiliados a 201 por cada 10.000; en Nueva EPS pasó de 26 a 87; en Emssanar pasó de 21 a 110; en Famisanar aumentó de 11 a 59; en Sanitas (que volverá a manos de sus dueños) subió de 3 a 57, y Servicio Occidental de Salud (SOS) pasó de 3 a 22.
Los motivos para acudir a esta herramienta legal más comunes fueron las demoras en procedimientos médicos, con el 30 % de las pretensiones; las demoras en entrega de medicamentos, con el 26 %, y las demoras en asignación de citas con el 24 %.
¿Qué le espera al sistema?
Con todo el panorama anterior, los vaticinios de los consultados para esta nota no son los mejores, por no decir que son de miedo.
Ramón Abel Castaño augura que “habrá más reducción de oferta en las IPS, que seguirán cerrando servicios” y que, producto de esto, “el sistema se acomodará a la fuerza para reducir al menor gasto, pero habrá más dificultades de acceso y los pacientes seguirán siendo los más afectados y los que más sufran”.
Sobre esto, hay que recordar que entre 2023 y 2024 se cerraron 36.737 servicios de salud en el país, de los cuales 9.325 fueron definitivos, según cifras de la Unión de IPS de Colombia (Unips).
Por su parte, Gustavo Campillo considera que “el sistema colapsó y no tiene posibilidades de salvamento”, a menos que un cambio de rumbo en 2026 cambie la situación, pero reconoce que hacerlo, “como alertan algunas organizaciones, tomará cerca de 10 años”. Pero si sigue el camino por donde va, implementar los cambios que quiere el Gobierno Petro “toca hacerlos desde cero y ni siquiera tenemos la infraestructura para lograrlo”.
El Ministerio de Salud ha explicado que la reforma proyecta la construcción de 2.500 centros de atención primaria en salud (CAPS) en 10 años.
Entre tanto, Luis Gonzalo Morales advierte que la situación “llevará a un deterioro de la credibilidad de la gente hacia el sistema de salud”, así como que se dé, contrario al sesgo contra el sector privado del presidente Petro, es “un aumento de los seguros voluntarios, que está creciendo. Las empresas y personas no van a querer correr riesgos y, los que puedan, pagarán esos seguros y el negocio privado va a florecer”.
Estimaciones de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) señalan que los servicios privados de salud está creciendo a un ritmo anual del 12 %. Mientras en 2024 hubo 3,8 millones de usuarios de medicina prepagada, la organización pronostica que para final de 2025 la cifra suba a 4,25 millones (un aumento de 450.000).
Con la salvedad de que a estos programas pueden acceder las personas con más recursos. ¿Y los pobres por los que Petro tanto se proclama como su salvador?
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