El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, expresó su preocupación frente al decreto 799 de 2025, expedido por el Gobierno nacional, que redistribuye el conocimiento de tutelas contra el presidente Gustavo Petro a jueces del circuito en lugar de mantener dicha competencia en el Consejo de Estado.
La medida, según Álvarez en entrevista con La W, debilita la unidad jurisprudencial, genera “desazón” en la rama judicial y tensiona aún más las ya complejas relaciones entre el Ejecutivo y las altas cortes.
Contexto: Otro “decretazo” de Montealegre: le quitó competencia al Consejo de Estado para revisar tutelas contra Petro, ¿inconstitucional?
¿Por qué la polémica?
El decreto establece que cualquier juez del circuito podrá conocer acciones de tutela contra el presidente de la República y otras autoridades nacionales, lo cual modifica una norma anterior que reservaba ese tipo de decisiones al Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.
Para Álvarez, esta redistribución “no va en la dirección correcta”, ya que afecta directamente la coherencia, especialidad y jerarquía del sistema judicial colombiano. “Lo que se está es diseminando esa competencia en detrimento de la unidad jurisprudencial”, señaló.
También advirtió que este tipo de medidas podrían generar un clima de inseguridad jurídica, al abrir la posibilidad de que distintas tutelas sobre temas similares fallen de manera contradictoria. Además, cuestionó que el decreto se haya expedido sin oír previamente al Consejo de Estado, como lo exige el artículo 113 de la Constitución.
¿Una respuesta política ante fallos incómodos?
La decisión del Gobierno se da semanas después de que el Consejo de Estado suspendiera un decreto presidencial sobre una consulta popular, y de otras decisiones judiciales que han afectado intereses del Ejecutivo.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida como una forma de “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, desde el Consejo de Estado insisten en que “deja la sensación de que se quiere generar una tensión adicional al clima que se viene viviendo con las Cortes”.
Hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado es el máximo tribunal de lo administrativo en Colombia. Entre sus funciones, de acuerdo con su sitio web oficial, se encuentra:
Casos de pérdida de investidura de congresistas y nulidad electoral.
Resuelve controversias importantes del derecho administrativo que involucren entidades públicas o particulares con función administrativa.
Establece jurisprudencia que deben seguir autoridades, magistrados y jueces para casos similares.
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