La Corte Suprema abrió este jueves una investigación formal contra el congresista David Racero por el delito de presunta concusión ligada al presunto uso irregular de sus trabajadores en un negocio personal, así como a supuestas presiones para que hicieran pagos y consignaciones con parte de su salario.
Según la Sala de Instrucción del alto tribunal, se investigan las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Por cuenta de estos hechos, ya se vienen practicando pruebas y recogiendo declaraciones. Se prevé que en los próximos días se fije la fecha para escuchar a Racero Mayorca en diligencia de indagatoria.
Por hechos similares, el Consejo de Estado adelanta un proceso de pérdida de investidura. El tribunal admitió pruebas documentales y testimoniales para determinar el futuro político de Racero.
El proceso investiga si Jhon Leonardo García Lara, quien fue miembro de la UTL del representante a la Cámara, ejerció funciones que estaban por fuera de las establecidas en el trabajo legislativo por pedido del político.
Los hechos por los que es investigado el representante petrista fueron revelados por el periodista Daniel Coronell. En sus publicaciones señaló que García habría terminado atendiendo un negocio particular (un mercado Fruver) de Racero en época de pandemia.
En los audios, Racero describe las condiciones laborales de una vacante para un fruver —minimercado de frutas y verduras—, de propiedad suya. En una nota de voz enviada por WhatsApp, el congresista detalla que ofrece un salario mensual de un millón de pesos, sin ningún tipo de prestación legal, para una jornada laboral de 13 horas diarias, de lunes a sábado. El trabajador tendría un único día de descanso semanal.
“No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... y sí, toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, ellos saben, un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso. Nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya. Pues ojalá que pueda ir hoy, sí, para empezar a capacitarse y empezaría el primero de abril, esos tres días de capacitación”, se le escucha decir en uno de los audios.
La conversación también describe la lista de funciones que debe asumir quien acepte el puesto: desde operar la caja hasta limpiar baños, hacer pulpas de fruta, trapear pisos y alistar alimentos. “Ellos tienen que... todo, ellos son toderos. No solo caja, no, sino que también arreglan, hacen pulpa y hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea estar dispuesta para todo, o sea cajera, pero de todo”, resume Racero.
El político también habría pedido a otros de sus colaboradores que le hicieran diligencias personales. En conversaciones de WhatsApp de él con algunos miembros de su equipo, revelados por Coronell, se lee a Racero pidiendo a su asesora Estefanía Montoya pagar a otro, Yidis Gahona, la suma de $3.500.000 y cubrir una deuda de $2.375.000 de una tarjeta de crédito del congresista.
Esos chats y audios son algunas de las pruebas que tiene el Consejo de Estado para estudiar en medio del proceso que definirá la “muerte política” de David Racero. En estas también están certificados laborales, constancias de pago, registros de llamadas telefónicas entre él y su exasistente, así como un informe técnico forense sobre los mencionados mensajes de WhatsApp.
El también expresidente de la Cámara de Representantes ha estado envuelto en varios escándalos por presunto clientelismo y tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Racero habría pasado la hoja de vida de un recomendado suyo para “colocar encargado esos cargos, sacar los que están en ese momento y poner los nuestros”.
El problema es que Racero ha construido buena parte de su imagen pública como un férreo opositor de la precarización laboral y un defensor de los derechos de los trabajadores. En múltiples ocasiones ha manifestado su respaldo a las organizaciones sindicales y ha señalado las malas prácticas empresariales como uno de los flagelos que deben erradicarse del país. Además, hizo su carrera política cuestionando a otros políticos por denuncias de corrupción y nepotismo.
Regístrate al newsletter