En la cuestionada alocución de esta semana, el presidente Gustavo Petro dijo que “el dueño de Keralty (Joseba Grabales) es un criminal en Colombia. Debe irse. Aunque me toque hablar con el rey de España o con el que sea, lo sacaré”.
Keralty, propietario de la EPS Sanitas, respondió con una denuncia penal contra el jefe de Estado “por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia y el delito de actos discriminatorios”.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado de ese grupo, Juan David Riveros, da detalles de la pelea y anuncia que no demandarán al Estado, pero explica el pleito internacional en el que esperan recibir 1.200 millones de dólares como indemnización. El jurista asegura que no han recibido aún la administración total de la EPS porque no se ha hecho efectivo el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la intervención del Gobierno.
¿Cómo recibieron las acusaciones del presidente Petro contra el presidente de Keralty, Joseba Grabales?
“Creemos que esa actitud hostil del Gobierno es inaceptable y llegar al escenario de la descalificación personal, como lo ha hecho, está por fuera de la ley. Nosotros, a pesar de las provocaciones –que han sido sistemáticas en el tiempo–, no queremos caer en el escenario de la descalificación personal a la que nos han sometido agentes del Gobierno Nacional. Al contrario, somos respetuosos de la institucionalidad y como consideramos que con esas actitudes y conductas se ha violado la ley, lo que hemos hecho es acudir a las autoridades competentes, poner en manos de ellas nuestras reclamaciones, lo que nosotros creemos que está mal”.
¿Qué alcance tiene la denuncia contra el presidente Petro y cuál es la aspiración?
“El presidente tiene un fuero constitucional que significa que las investigaciones penales se adelantan en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces, ante ese organismo presentamos una denuncia por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia y el delito de actos discriminatorios. La pretensión no es ninguna diferente de que las autoridades investiguen los hechos que nosotros hemos puesto en conocimiento y tomen una decisión en el sentido que ellos consideren. Nosotros estamos convencidos que con la conducta del Presidente se desarrollaron los elementos que exige la ley para configurar los delitos denunciados y la pretensión nuestra es que las autoridades lo investiguen”.
Eso a nivel penal, pero, ¿están pensando en emprender otras acciones? Por ejemplo, ¿una demanda contra el Estado?
“No, nosotros en el escenario, civil o contencioso no hemos contemplado hacerlo. Le puedo decir que no iniciaremos ninguna acción indemnizatoria en el ordenamiento jurídico doméstico (Colombia)”.
¿En estrados internacionales sí?
“Como consecuencia de muchas circunstancias alrededor de la operatividad misma del sistema y, como dicen las abuelas, de ‘la gota que rebosó la copa’ que fue la intervención ahora declarada por la Corte Constitucional como inconstitucional, o sea, ilegal, arbitraria, se inició un trámite arbitral; un arbitraje internacional en el marco del Tratado de Protección Recíproca de la Inversión celebrado entre España y Colombia en el año 2005. Ese tribunal arbitral sesionará en el Banco Mundial, y allí se está adelantando un procedimiento que en este momento está en curso, en donde la pretensión inicial que tenemos es de 1.200 millones de dólares. La indicación es que cualquier cifra que se reciba en el marco de algún proceso indemnizatorio como consecuencia de lo que nosotros consideramos son daños que nos ha generado el Gobierno, se reinvertirá integralmente en la EPS”.
¿Cómo recibieron la EPS tras la intervención del Gobierno? ¿Tienen cifras o indicadores?
“Desafortunadamente la respuesta es no, porque no nos han regresado la EPS, todavía no se ha cumplido el fallo de la Corte, entonces nosotros no tenemos administración de la EPS en este momento y en ese sentido no tenemos ninguna información. Ahora, anticipamos que la situación no va a ser fácil, porque cuando uno mira información, por ejemplo, el informe de la Contraloría, algunos análisis que ha hecho la ANDI y ACEMI, es decir, estos gremios que han seguido de cerca todo este fenómeno, pues lo que uno percibe es que los procesos de intervención han sido fallidos y antes de lograr subsanar lo que el Estado consideraba que estaba mal en la administración, pues lo que ha hecho es empeorar drásticamente todos los indicadores. Al final del día el peor deterioro es que se ha perdido la oportunidad y la calidad de la prestación del servicio, es decir, aquí quienes están padeciendo toda esta problemática son los pacientes, quienes soportan la crisis que está viviendo el sistema. El Gobierno ha promovido y no lo digo específicamente sobre Sanitas, una crisis en la transversalidad del sistema de salud”.
Si no ha hecho efectivo el fallo, ¿tienen una fecha estimada para recibir del todo la administración de la EPS?
“Es difícil, creo que debe ser algo que debe ocurrir probablemente la semana entrante”.
Más allá de las acusaciones y denuncias, ¿qué le dicen a los pacientes que precisamente viven día a día los efectos de la intervención del Gobierno y la crisis de sistema?
“La mayoría de los pacientes de Sanitas están agradecidos o más bien satisfechos con la atención que se les prestaba. Ahora, tras el volumen de atenciones seguramente va a haber algo que no funciona perfectamente, pero es que ese anhelo nunca se va a poder tener ni en el sistema de salud colombiano ni en el sistema de salud de ningún país del mundo, incluso los países más desarrollados. Somos un grupo que genera 19.000 empleos directos, sin contar los indirectos y en general los empleados de la organización están también satisfechos con las políticas de la organización, con las políticas del grupo, incluso con los proveedores. ¿Quién no nos ve nada bueno? El presidente de la República y el ministro de salud (Guillermo Alfonso Jaramillo). Pero cuando uno mira los datos de ACEMI y la Contraloría sobre las intervenciones, se da cuenta que las quejas y las tutelas se incrementaron entre abril y diciembre de 2024 un 35.3%. Lo que demuestra es que todos los procesos de intervención no han sido exitosos”.
Finalmente, ¿qué proyecta Sanitas de cara al último año de Gobierno y frente al escenario electoral de 2026? Es público, sin que sea ilegal, que han financiado a algunos partidos políticos.
“Empiezo por la última parte. Estamos convencidos que no hemos actuado nunca por fuera de la ley y aunque no conozco cuál va a ser la posición frente al próximo proceso electoral, pues imaginaría que lo que no se ha hecho mal no hay por qué cambiarlo. Ahora, sobre el futuro del grupo, pues obviamente con todo lo que ha ocurrido con la EPS la situación no es fácil. Pero hacemos todos los esfuerzos que sean necesarios. Creemos que somos capaces de sacar este proyecto de retomar la administración de la EPS y volver a los estándares de calidad y oportunidad que en el pasado estaban acostumbrados a recibir nuestros usuarios. Destruir es muy fácil, pero construir toma mucho tiempo”.
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