El caso de Jineth Bedoya es uno de los más emblemáticos en Colombia sobre los tratos crueles y violentos en contra de periodistas. El 25 de mayo del año 2000, mientras investigaba para el diario El Espectador una red de tráfico de armas y homicidios dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, Bedoya fue secuestrada por un grupo de paramilitares. Durante 16 horas, fue trasladada a otra ciudad, donde fue sometida a brutales agresiones físicas y violencia sexual.
Desde entonces, Bedoya ha librado una incansable lucha por justicia, acudiendo a todas las instancias posibles para que los responsables de estos crímenes —materiales e intelectuales— rindieran cuentas. Aunque en 2019 tres paramilitares fueron condenados como autores materiales, la periodista ha denunciado que más de 20 personas, incluidos agentes del Estado, participaron en el ataque, y que muchos de ellos continúan en la impunidad.
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En octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual cometidos contra Bedoya, y también por las fallas sistemáticas en la investigación y la revictimización de la periodista.
La Corte ordenó al Estado una serie de medidas de reparación, entre ellas, la creación de un centro de memoria para mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, y la difusión en medios públicos del programa No es hora de callar.
Sin embargo, pese a los pronunciamientos internacionales y los compromisos asumidos, Bedoya siguió enfrentando el peso de la impunidad. Este lunes, tras casi 25 años de lucha, anunció su decisión más dolorosa: desistir irrevocablemente de su aspiración de justicia en Colombia.
