El proceso legal quedará suspendido hasta el 23 de enero del próximo año.
La demanda que interpuso Thomas Greg & Sons contra el Estado Colombiano por el caso de los pasaportes quedó suspendida hasta el próximo año. La decisión fue conciliada entre las partes y fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Las partes llegaron a un acuerdo para que el proceso jurídico quede congelado por 60 días hábiles, es decir, hasta el 23 de enero del 2025.
“Dado que la suspensión del proceso fue solicitada por todas las partes del proceso, el despacho accederá a decretarla por el plazo solicitado, que correrá desde el 04 de octubre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025”, se lee en una comunicación del Tribunal enviada a las partes.
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Thomas Greg había decidido emprender acciones legales contra el Estado luego de que el excanciller, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación 001 de 2023 que dejaba a la empresa en firme para continuar con la expedición de este documento.
El contrato ya había sido entregado a la empresa, era por 600.000 millones de pesos y extendía su participación en la fabricación y expedición de pasaportes de por tres años más. Esa organización venía expidiendo el documento desde hace 17 años.
La Procuraduría, incluso, llamó a juicio disciplinario al excanciller porque consideró que tomó la decisión sin fundamentos fáticos, jurídicos y técnicos.
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Las pretensiones de la demanda de Thomas Greg son acceder a una compensación económica –desembolsada desde las arcas del Estado– por 120.000 millones de pesos.
La declaración de una licitación desierta obligó al Gobierno a replantearse el modelo de fabricación y expedición de estos pasaportes. Después de varios enredos –y con mediación de la Procuraduría– las partes acordaron mantener a Thomas Greg como asesor y acompañante de este proceso por once meses más.
A principios de septiembre pasado, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado había advertido que no buscará una conciliación en el proceso legal que enfrenta con Thomas Greg.
“Con el respeto que se merece la contraparte, nosotros consideramos que el Estado no es responsable de pagar esta demanda, cuya pretensión es un monto aproximado a los 120.000 millones de pesos. Tengo el convencimiento de que todo va a salir bien, pero todo procedimiento, por sencillo que sea, tiene su riesgo y eso también hay que decirlo”, había dicho César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Para entonces, la línea de defensa de la Agencia, dijeron, estaría centrada en demostrar que el pliego de condiciones finales del proceso licitatorio se estipularon algunas cláusulas que son ineficaces y que habrían impedido que el canciller pudiera hacer la adjudicación de manera “objetiva”.
Hasta ahora las partes no explican cuáles fueron las razones que llevaron a suspender, de manera parcial, el proceso legal que venía avanzando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
