No cesan los pronunciamientos ni las acciones institucionales tras la revelación de un polémico contrato en Ecopetrol que, al parecer, habría servido como fachada para interceptar comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentos físicos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de filiales como Hocol y Cenit.
En respuesta, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar “contra funcionarios por determinar” de Ecopetrol. El foco de la investigación es un contrato de consultoría firmado con la firma internacional Covington & Burling LLP por un valor cercano a los 5 millones de dólares.
Según el Ministerio Público, este contrato, aparentemente celebrado para realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, habría sido modificado sin el aval de la junta directiva.
La modificación, sospecha la Procuraduría, se habría usado como estrategia para justificar la retención y preservación de comunicaciones e información confidencial de directivos y funcionarios de la empresa.
La entidad de control señaló que la indagación fue motivada por información de carácter público, que alerta sobre la posible intervención ilegal de comunicaciones internas, así como el acceso a material digital y físico de 70 altos cargos dentro de la petrolera estatal.
“La actuación busca confirmar o descartar una presunta irregularidad y, de ser el caso, identificar a los posibles autores con miras a establecer si procede o no una investigación disciplinaria”, indicó la Procuraduría.
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Como parte de las medidas adoptadas, se realizará una inspección a las instalaciones de Ecopetrol para recolectar documentos y registros relacionados con el contrato. También se solicitó apoyo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para determinar si el contrato fue utilizado como vehículo para vulnerar la privacidad de los funcionarios.
El caso ya ha generado fuertes reacciones políticas y legales, y amenaza con escalar a nivel internacional debido a la participación de una firma extranjera. Mientras tanto, se espera que la junta directiva de Ecopetrol, así como el gobierno nacional, se pronuncien de fondo sobre el escándalo.
