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Andrés Felipe Arias, Fabio Valencia Cossio y el exfiscal Martínez fueron acreditados como testigos para el caso Uribe

La audiencia del jucio contra el expresidente están programadas para este 6 de febrero. Durante el proceso desfilarán los testigos que acreditó el Tribunal Superior de Bogotá.

  • Álvaro Uribe será juzgado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. FOTO COLPRENSA
    Álvaro Uribe será juzgado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. FOTO COLPRENSA
05 de febrero de 2025
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El Tribunal Superior de Bogotá logró destrabar el caso del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Este 4 de febrero resolvieron varios recursos de apelación y dieron vía libre para que las audiencias del juicio inicien este jueves.

Entre los recursos que resolvió el magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez se encuentran los testigos que podrá usar la defensa del expresidente durante la etapa del juicio.

El magistrado aceptó que en el proceso judicial sean incluidos testigos que, en una decisión anterior, fueron denegados por el juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Lea más: Tribunal avaló interceptaciones a Uribe con Diego Cadena, la prueba que su defensa buscaba excluir del juicio

Entre los testigos acreditados que tendrá la defensa figuran el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias y del Interior, Fabio Valencia Cossio. El magistrado también incluyó al exfiscal general Néstor Humberto Martínez y al actual representante a la Cámara, Hernán Cadavid.

Durante la audiencia también quedó en firme la posibilidad de que se usen como pruebas unas interceptaciones telefónicas de las que fue objeto el mandatario durante el 2018 por un procedimiento de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de las interceptaciones telefónicas ordenadas en 2018 –supuestamente por error– por la Corte Suprema de Justicia. Estas tenían como objetivo la línea del entonces representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de la investigación por el escándalo del Cartel de la Toga, pero terminaron captando conversaciones del exmandatario y líder natural del Centro Democrático.

En dichas grabaciones quedaron registradas conversaciones entre Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena. Esas mismas pruebas fueron utilizadas como base para la medida de aseguramiento dictada en su contra en 2020 y también para la acusación presentada en mayo del año pasado.

Entérese: Este martes se definiría el inicio del juicio a Álvaro Uribe

Pese a que la defensa y el delegado del Ministerio Público objetaron la validez de las interceptaciones, argumentando que fueron obtenidas de manera ilegal, el Tribunal rechazó su solicitud y ratificó la legalidad de la prueba, que había sido incluida en el expediente por la Fiscalía.

En su lectura, el magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez negó la petición de la defensa y aseguró que será durante la etapa de juicio donde se discuta el material probatorio.

“Es estéril la pretensión de la defensa de revisar las decisiones de la Corte Suprema”, señaló Merchán.

El magistrado añadió que la solicitud de que las pruebas sean excluidas durante el proceso judicial solo sería válido si se vulneran las garantías procesales, un evento que para el Tribunal no ha sucedido. Insistió en que las interceptaciones estuvieron apegadas a la ley.

Con estas decisiones en firme, el juicio contra Uribe iniciaría este jueves 6 de febrero. En el proceso deberá demostrar que no ofreció beneficios a exparamilitares presos para que testificaran en contra del senador Iván Cepeda.

Así inició el proceso

El proceso contra el exmandatario comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda, luego de un debate de control político convocado por él.

Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados, principalmente en Antioquia.

En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones.

La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia.

El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera, Uribe renunció al Congreso: el expediente pasó a la Fiscalía.

Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas.

Dos juezas le negaron la preclusión a Jaimes y Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá.

Una vez se dio el cambio de fiscal, la puerta del juicio quedó abierta para el expresidente.

Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia anunció que también lo investigará por el delito de soborno. Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien, al parecer, se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.

Las víctimas acreditadas

En este caso están acreditadas como víctimas el senador Iván Cepeda; el exfiscal Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, esposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso.

Todos ellos venían pidiendo celeridad para que la justicia resolviera los recursos de apelación y, de ese modo, darle paso a las audiencia del juicio.

El caso del expresidente debe ser resuelto antes de 2026 con miras a emitir un fallo que absuelva o condene al dirigente de 72 años.

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