La permanencia mínima para solicitar un visado en España se reduce a dos años y se flexibilizan los requisitos para estudiantes, trabajadores y familias.
El Gobierno español anunció una reforma del reglamento de extranjería que asegura que permitirá regularizar a decenas de miles de inmigrantes más en los próximos tres años, para ajustarse a las leyes europeas y paliar el envejecimiento de la población.
“La nueva norma se adecua a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de España”, explicó el Gobierno en un mensaje en la red social X.
La reforma relaja un poco los requisitos para los visados, amplía su duración en algunos casos y simplifica el papeleo.
Además, reduce de tres a dos años el periodo durante el cual los inmigrantes ilegales tienen que vivir en España para tener automáticamente derecho a un visado.
Una nueva categoría regularizará a aquellos cuyo primer permiso de residencia caducó sin ser renovado.
Los visados de estudiante se flexibilizarán para permitir combinar los estudios con hasta 30 horas de trabajo a la semana y se suavizarán las normas para la reagrupación de familias.
El nuevo reglamento de extranjería en España entrará en vigor este martes 20 de mayo, con la inquietud de las organizaciones que advierten de que deja en el limbo a los solicitantes de asilo rechazados.
Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, este nuevo reglamento busca “simplificar y agilizar los procedimientos”, evitando la “presentación excesiva” de documentos o por “vías inadecuadas” y la doble comprobación de los mismos requisitos; reducir los tiempos, excesivos, empleados para algunas vías de migración regular.
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Además, el reglamento, aprobado por el Gobierno de España el pasado 19 de noviembre, tiene como objetivo mejorar la concreción jurídica respecto a las figuras y situaciones cubiertas por determinados permisos; contemplar, de manera expresa, los derechos de las personas trabajadoras migrantes; conseguir una mayor claridad y la regulación de en qué supuestos, y bajo qué condiciones, se puede modificar el estatus migratorio de una persona, y de sus familiares.
El nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años. También se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar no solo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia desde el primer momento.
Otra de las novedades previstas en este reglamento es la autorización específica de residencia y trabajo, cuyo objetivo es facilitar la contratación tanto a nivel individual como colectivo.
A pesar de la flexibilización del sistema, las organizaciones de defensa de migrantes (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) presentaron en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la norma.
En él, advierten de que la reforma del reglamento impide que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para solicitar el permiso de residencia en caso de que la resolución de protección internacional sea negativa.
Aunque reconocen que “la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales”, avisan de que hay “aspectos relevantes” demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un “impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, presentó este viernes en el Parlamento un informe en el que alerta de que la entrada en vigor, en mayo de 2025, de los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.
Según el Ministerio, el reglamento ha supuesto una mejora de la regulación de la figura del arraigo con un doble objetivo que consiste en facilitar la integración de las personas extranjeras en situación irregular que tienen vínculos acreditados con España, permitiendo el acceso a una autorización de residencia, y facilitando su incorporación al mercado laboral, ya que todas las autorizaciones de residencia por arraigo habilitan a sus titulares a residir y trabajar.
“Lo que establece el Reglamento de Extranjería es una disposición transitoria para que las personas que tengan una denegación de esa solicitud de asilo puedan rápidamente, como solo seis meses, reconducirse a una figura también muy importante”, indicó la titular de Migraciones en marzo.
De los 49 millones de habitantes de España, 6,3 millones son extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La postura más abierta de España respecto a la inmigración contrasta fuertemente con una tendencia en la que los partidos de extrema derecha que hacen campaña con programas antiinmigración ganan terreno en toda la Unión Europea.
España, una de las tres grandes puertas de entrada europeas para la inmigración, junto a Italia y Grecia, registra miles de llegadas irregulares, principalmente al archipiélago de las islas Canarias, situado frente al noroeste de África.
Así, según el ministerio de Interior español, más de 54.000 personas llegaron irregularmente al país entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2024, 7.400 más que el año anterior.
