En los operativos de control que han montado la Secretaría de Gestión y Control Territorial en Medellín, concentrados en verificar la legalidad de los proyectos inmobiliarios con cinco o más unidades de vivienda, el Distrito ha encontrado 151 de estos que eran ofrecidos al público sin acogerse al régimen del enajenador, una norma diseñada para proteger a quienes desean adquirir vivienda nueva.
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Este régimen exige que los interesados en vender o promocionar proyectos, se inscriban ante la Administración Distrital como enajenadores de vivienda y entreguen una serie de documentos, jurídicos y contables, que respalden su legalidad individual. De esta forma, la Alcaldía entrega un certificado en el que consta que se radicó de manera legal y se habilita para ejercer la promoción, el anuncio y la venta o comercialización. Estos dos trámites permiten al interesado conocer las características del proyecto e identificar los posibles riesgos.
Las zonas con mayor número de situaciones irregulares son Laureles, El Poblado y Belén, donde se concentra una alta oferta de nuevas construcciones residenciales.
Carlos Trujillo, subsecretario de Control Urbanístico, explicó que los enajenadores deben cumplir unos requisitos de ley y deben estar inscritos ante la Administración Distrital.
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“Este año hemos detectado 151 enajenadores o proyectos que no cumplen con esos requisitos legales para poder ofertarlos. Nuestro compromiso no es solo sancionar o vigilar, sino también proteger a las familias para que no sean víctimas de estafas inmobiliarias”, afirmó.
En lo que va de 2025, la Alcaldía aseguró que ha realizado 558 visitas de control a desarrollos residenciales, lo que le ha permitido abrir 41 procesos sancionatorios e imponer dos sanciones este año. Trujillo insistió en que las intervenciones, además de su carácter preventivo, cumplen una función pedagógica, al sensibilizar a constructores y promotores sobre la importancia de cumplir con la normativa para comercializar legalmente los proyectos.
Es necesario recordar que este tipo de prácticas representan un riesgo para los compradores, quienes podrían ser víctimas de estafas o invertir en proyectos sin garantías jurídicas ni técnicas. En la página de la Alcaldía de Medellín, en la sección de Gestión Territorial, se pueden verificar estos requisitos.