El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Germán Ávila, lanzó esta semana un polémico decreto que sacudió al mundo político y económico.
Se trata del Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, mediante el cual se autoriza al Gobierno Nacional a adelantar el cobro de la retención en la fuente correspondiente al año 2026, aplicándolo desde ya en 2025.
La medida busca tapar el hueco de las finanzas públicas y evitar que el Gobierno entre en una parálisis por falta de recursos. Pero el costo será alto: el próximo presidente recibirá una caja vacía, sin los ingresos que normalmente se recaudan al inicio del mandato.
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¿Qué significa adelantar la retención?
En palabras simples: el Gobierno está cobrando por anticipado los impuestos del futuro para cubrir las cuentas de hoy. Esto no implica una reforma tributaria con discusión pública ni un cambio estructural en las reglas de juego.
Es más bien una movida contable que, en cualquier empresa privada, se vería como un anticipo forzado o un ingreso ficticio.
“La retención en la fuente fue diseñada como una herramienta de fiscalización anticipada, no como fuente de financiamiento del Estado”, advierte la abogada Carolina Restrepo Cañavera, experta en impuestos y gestión fiscal.
Según ella, esta jugada “no es una solución fiscal real, sino apenas un placebo estadístico para aguantar unos meses más”.
¿Quiénes pagan los platos rotos?
El decreto establece nuevas tarifas de autorretención del 4,5% para sectores como la extracción de gas natural, oro, hulla, y también para la generación de energía y la producción de gas. Es decir, los sectores estratégicos serán los que más sientan el golpe.
Además, se endurecen las reglas para los anticipos del impuesto de renta, tomando el 100% del impuesto del año anterior como base para el anticipo. Esto puede desestabilizar empresas con ingresos volátiles o afectadas por el mercado.
Y por si fuera poco, se bajan los umbrales para aplicar retención por compras y servicios: de 27 a 10 UVT y de 4 a 2 UVT, respectivamente. Esto significa que muchas más personas y empresas tendrán que pagar anticipadamente, afectando su flujo de caja.
Una de las mayores críticas es que el decreto se expidió por vía ejecutiva, sin pasar por el Congreso, a pesar de tener un impacto tributario sustancial.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo califica como una “reforma tributaria encubierta que exprime la liquidez de las empresas, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo”.
“Están jineteando el dinero del 2026 y endeudando al micro y pequeño empresario hoy”, advierte Restrepo.
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Y agregó: “Deja una bomba fiscal al próximo gobierno al anticipar recursos futuros en una mayor proporción. 2025 en el derroche de ingresos futuros y 2026 nacerá con un hueco gigante en las finanzas públicas. ¡Irresponsabilidad fiscal!”.
¿Y el próximo gobierno qué?
El mayor problema de esta jugada es lo que deja sembrado para el futuro. Al adelantar el recaudo de 2026, el gobierno de turno se lleva los recursos que le corresponderían a la próxima administración. Es como gastar el sueldo de diciembre en mayo.
Mauricio Salazar-Saenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, no se guardó nada: “Es una práctica nefasta. No debería ser admisible que el Estado se financie con ingresos futuros de los ciudadanos y empresas”.
Según cálculos del propio Ministerio de Hacienda, con esta medida se busca recaudar unos $6,5 billones en 2025, justo el año en que el déficit fiscal ronda los $40 billones. Pero ese dinero saldrá directamente del bolsillo de empresas y personas, frenando pagos, inversiones y comprometiendo la reactivación económica.
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Según el Observatorio Fiscal, el decreto también puede frenar programas sociales clave. Por ejemplo, las empresas que hacen “obras por impuestos” —como colegios, vías o dotaciones para comunidades— podrían no tener saldos a favor para ejecutar esas obras, al haberse anticipado sus pagos.
Y para la clase media, los efectos pueden ser regresivos. Muchas personas terminarán pagando de más y enfrentando largos procesos para que les devuelvan su dinero, si es que se atreven a solicitarlos, detalla el observatorio.
“Como resultado, estos recursos permanecen en las cuentas del Estado sin corresponder a un impuesto efectivamente causado, pues la causación está en ingresos futuros de los privados. Esta dinámica puede hacer que el mecanismo tenga efectos regresivos, afectando con mayor fuerza a quienes tienen menor capacidad de respuesta frente al sistema”.
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