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Doloroso balance para la historia colombiana lo que viene sucediendo en el país en materia de orden público. Una historia de inseguridad que sigue viva en lo que va del 2025, con 22.000 hombres alzados en armas, 730 acciones terroristas, 135 militares y policías asesinados, contabilidad que produce escalofríos.
Esas cifras hacen recordar a los colombianos las oscuras décadas de los años 40 y 80 del siglo XX, originadas tanto en la lucha entre liberales y conservadores, como luego en la dinamita de los carteles de la droga. Hoy Cali recuerda la doliente historia de los camiones que estallaron con dinamita bajo la dictadura del general Rojas Pinilla en 1956, con el carro bomba de la pasada semana, en donde hubo muertos, heridos y se destruyeron negocios de gentes trabajadoras. A esa situación de tenebrosa historia se le agregan los 13 policías asesinados al derribarles su helicóptero oficial en Amalfi. Todos actos demenciales que incrementan las desventuras nacionales y elevan el dolor de un pueblo desesperado y carente de seguridad ciudadana.
Mientras la subversión avanza con presencia en 29 de los 32 departamentos del país, la coca, cultivada en más de 250 mil hectáreas, suministra el combustible para activar y reactivar la guerra. El jefe del gobierno central delira y duerme como si en Colombia nada estuviera atentando contra los derechos de los ciudadanos de bien. Solo llanto y dolor produce un terrorismo cada vez más demencial, actuando contra un Estado impotente para enfrentarlo y con una comunidad internacional de gobiernos permisivos e indolentes para combatirlo y unas comunidades complacientes para consumir la droga.
Es tal la riqueza de las mafias internacionales que en muchas sociedades latinoamericanas, según The Financial Times, igualan al PIB de las naciones afectadas. Frente a esa situación los poderes y recursos de seguridad del Estado se vuelven enanos. Y las tecnologías de las que se valen para enfrentar al enemigo común, son superadas y contrarrestadas por las otras de última generación que utilizan los grupos criminales.
La “paz total” explotó. Los grupos subversivos aprovecharon la debilidad y vacilaciones del Estado forzando pausas que solo sirvieron para que aquellos se rearmaran e impusieran condiciones para sabotear la desvertebrada iniciativa del gobierno Petro. Esa “paz total” hoy hace parte de los inventarios malogrados. Y dado su fracaso, se imponen el terror y el horror, precipitando al país más al error. Al error de no saber implantar el orden territorial, base para que haya libertad y democracia.
¿Por qué, se pregunta el ciudadano de a pie, ante las atrocidades desatadas por los violentos no se ha declarado el Estado de Conmoción Interior consagrado en la Carta constitucional? ¿A qué se le teme? ¿Acaso a que sea una norma sin muelas suficientes para triturar el terrorismo? ¿O qué se intuye? ¿Que sirva para propiciar que el actual presidente, con sus reconocidas artimañas, comience a habituarse al experimento y lo vuelva a utilizar, dentro de los términos permitidos por la Constitución y previendo que toda situación por difícil que sea es susceptible de empeorar, aplace las elecciones del 2026?
