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Venezuela y el “estado de excepción” permanente

hace 49 minutos
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Por Aldo Civico - @acivico

El único límite a su poder real son su moral y su propio juicio, afirmó Donald Trump en una entrevista con el New York Times publicada ayer. Minimizó el derecho internacional como un límite vinculante, sosteniendo que no lo necesita y que su aplicación depende de su interpretación personal. Subrayó que su perspectiva del mundo prioriza la fuerza nacional por encima de las normas establecidas. Además, legitimó abiertamente una diplomacia basada en la coerción, recurriendo a la imprevisibilidad y a la amenaza de un uso rápido de la fuerza militar para presionar a otros países. Vladímir Putin podría haber expresado algo similar. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué tipo de soberanía está surgiendo en el mundo actual?

La narrativa de Trump evoca la noción de soberanía propuesta por Carl Schmitt. Para el filósofo alemán, la soberanía no se define por constituciones, normas ni legalidad. Al contrario, “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”; es decir, quien determina cuándo la norma deja de ser aplicable. En otras palabras, la soberanía emerge en momentos de crisis, cuando alguien decide que la supervivencia, el orden y la seguridad están en juego. Cuando Trump dice que en Venezuela “mandaremos sobre el petróleo” (“we will run oil”), no está haciendo una afirmación meramente económica, sino una de soberanía. Desde su perspectiva, declara que Venezuela aparece como un país inoperante y que las reglas de gobernanza y del consentimiento —es decir, la democracia y los derechos civiles— están suspendidas.

En realidad, Trump no instaura un estado de excepción en Venezuela: se superpone a una excepción ya existente, la que Chávez había normalizado durante su régimen. El decisionismo predomina, así, sobre la legitimidad moral y el consentimiento. Las declaraciones de Donald Trump sobre María Corina Machado, el día en que capturaron a Nicolás Maduro, también se interpretan de esta manera. Además, cuando el presidente de Estados Unidos afirma que este estado persistirá hasta que “enderecemos el país”, no establece un horizonte temporal verificable y es él —el nuevo soberano— quien decide cuándo, y si acaso, se restablece la normalidad. ¿Qué sucede, entonces, cuando el estado de excepción deja de ser un paréntesis y se convierte en una condición permanente? Venezuela ya tiene amplia experiencia en ello.

De hecho, una víctima sacrificial de esta práctica de soberanía es la libertad (y, de paso, la democracia y los derechos civiles). Si en el mundo moderno clásico la libertad se entendía como la capacidad de actuar en conjunto con otros —para Hannah Arendt, la libertad existía entre las personas porque era un vínculo—, en este contexto se reduce a arbitrio. Se convierte en la licencia para decidir sin rendir cuentas, evadiendo toda obligación. Es una libertad que desvincula, aísla y abandona. En el mundo que está surgiendo, la ley se vuelve negociable, el poder se personaliza y la violencia también. Son prácticas que el régimen madurista comprende muy bien y ha estado ejerciendo con soltura. De hecho, quien actualmente también se beneficia de este estado de excepción es el círculo de Maduro, encabezado por Delcy Rodríguez, que permanece en el poder.

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María Clara Posada Caicedo

Jean-François Revel advertía en El conocimiento inútil que una de las paradojas centrales de la modernidad es esta: nunca hubo tanta información disponible y, sin embargo, nunca fue tan fácil mentir con éxito. Para Revel, el mundo no se mueve por la ignorancia sino por la manipulación consciente del conocimiento. La mentira prospera cuando se reviste de ideología, cuando se presenta como una “verdad superior” que pretende corregir o sustituir a la realidad. Allí nace lo que él llama la inutilidad del conocimiento: los hechos están, pero no importan si contradicen el dogma.

Esa lógica no surge de la nada. Tiene antecedentes explícitos en la tradición revolucionaria. León Trotski lo formuló sin ambigüedades al sostener que no se tiene derecho a decir toda la verdad cuando esta debilita a la revolución, una paráfrasis fiel de su concepción instrumental de la verdad política. Iósif Stalin fue todavía más brutal al afirmar que las ideas son más poderosas que los hechos. No se trata de frases aisladas ni de provocaciones retóricas, sino de una doctrina: la verdad deja de ser un valor y se convierte en un medio subordinado a la causa.

Revel sostenía que esa mentalidad es particularmente visible en cierta izquierda que no discute la realidad sino que la reescribe. Esa, que no busca comprobar, sino confirmar. Frente a la verdad empírica, levanta una verdad ideológica moldeada por sesgos, resentimientos, odios y una convicción moral que se cree autorizada a falsear porque se auto-percibe del “lado correcto de la historia”. La mentira deja de ser un problema ético y se vuelve una herramienta política.

Ese patrón se hace evidente en el comportamiento del candidato del continuismo, Iván Cepeda, frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se trata aquí de una diferencia de opiniones o de una controversia ideológica legítima. Se trata de una contradicción vulgar entre lo que Cepeda afirma bajo juramento en los estrados judiciales y lo que declara sin pudor en escenarios mediáticos internacionales.

El abogado del expresidente, Jaime Granados Peña, lo ha expuesto con claridad: Cuando Cepeda fue contrainterrogado en juicio y enfrentado a la gravedad del juramento, tuvo que admitir que no le constaba ningún hecho que comprometiera penalmente a Uribe. Nada. Ninguna prueba. Ningún conocimiento cierto. Solo conjeturas. Sin embargo, lejos de contextos con consecuencias legales, Cepeda reaparece en España acusando al presidente de haber construido su poder económico en relación con el narcotráfico. La diferencia entre ambos escenarios es reveladora. Ante los jueces, la verdad fáctica se impone. Ante los micrófonos, la ideología se desborda. Es exactamente el fenómeno que describía Revel y que Trotski y Stalin asumieron como principio: cuando la causa lo exige, los hechos estorban.

Granados añade otro elemento que Cepeda omite deliberadamente en sus discursos internacionales. El expresidente Uribe fue exonerado por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó una decisión injusta y lo declaró inocente. También recuerda que el caso de Santiago Uribe tuvo una absolución que hoy se encuentra en discusión jurídica, sujeta a impugnación ante la Corte Suprema de Justicia. Esos datos existen. Son públicos. Pero no encajan en el relato del stalinismo del siglo XXI. Aquí no estamos ante un error. Estamos ante una estrategia en la que se dice una cosa donde hay sanción y otra donde no la hay. Se callan los hechos que incomodan y se amplifican las acusaciones que alimentan el prejuicio. Eso, en términos de Revel, no es ignorancia. Es una forma activa de mentira.

Colombia paga un alto precio cuando la política adopta esta lógica y las elecciones se someten a ese vaivén. Porque cuando la verdad deja de importar, todo se vuelve sospechoso. Y cuando la ideología se cree con derecho a sustituir los hechos, la democracia se resquebraja. Revel lo advirtió hace décadas. Trotski y Stalin lo proclamaron sin pudor. Hoy, tristemente, lo experimentamos en carne propia con nuestra versión Temu, en Cepeda -el neotrostkiano.

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