La defensa del partido argumenta que se venció el plazo legal de tres años para imponer sanciones por supuesta violación a los topes electorales en 2022. EL COLOMBIANO consultó a expertos para conocer más al respecto, ¿el proceso quedará en el olvido?
El partido político Colombia Humana, fundado por el presidente Gustavo Petro, solicitado formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que declara la caducidad del proceso sancionatorio en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
La solicitud fue radicada el pasado 15 de julio por el abogado del partido, Ulises Durán Porto, y en ella se argumenta que, de acuerdo con el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),el CNE ya no tiene competencia para emitir sanciones debido al vencimiento del plazo legal de tres años.
El artículo citado establece que las autoridades tienen un plazo máximo de tres años “para imponer sanciones, contado a partir del hecho, conducta u omisión que pudiere ocasionarlas”.
Ese plazo, según Colombia Humana, se cumplió el pasado 29 de julio respecto a la primera vuelta presidencial, celebrado el 29 de mayo de 2022. Para la segunda vuelta, la fecha límite sería el 19 de agosto de 2025.
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El proceso contra Colombia Humana y otros presuntos responsables —entre ellos el actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, Ricardo Roa— fue abierto por el CNE el 8 de octubre de 2024, cuando se formularon cargos por una supuesta violación de topes electorales por un monto que superaría los 5.300 millones de pesos en ambas vueltas.
Cabe recordar que, si bien la Corte Constitucional falló a favor del presidente Petro y aseguró que la investigación en su contra debía llevarse a cabo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el CNE aún está en condición de investigar partidos y campañas políticas.
A pesar de que los implicados ya presentaron sus alegatos finales, los magistrados instructores del caso, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, aún no han entregado la ponencia resolutiva ante la sala plena del CNE. Esta dilatación es la que ahora da lugar a una disputa jurídica: ¿caducó o no la facultad sancionatoria del organismo?
Al menos cuatro de los nueve magistrados del CNE —Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Altus Vaquero— coincidirían en que cualquier decisión tomada a partir de ahora sería ilegal, ya que el plazo para actuar se habría agotado.
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Sin embargo, hay sectores que sostienen que deben considerar otras variables que podrían afectar el conteo del tiempo, como los meses que duro el Consejo de Estado resolviendo conflictos de competencia entre el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como las recusaciones y la tutela presentada por el propio presidente Petro, que buscaba frenar su investigación por parte del organismo electoral (y que terminó fallando a su favor).
Desde el entorno del oficialismo se argumenta que, pese a esas incidencias, el proceso nunca fue suspendido formalmente para los demás sujetos procesales, entre ellos varios integrantes del equipo financiero y logístico de la campaña, como Lucy Aydee Mogollón (tesorera), María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus (auditores), así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
EL COLOMBIANO habló con Andrés Úsuga, abogado con maestría en derecho constitucional y profesor de derecho en la Universidad de Medellín, al respecto, quien aseguró que sí es muy probable que los términos hayan vencido a pesar de las pausas en el proceso. "Es probable que el caso se archive y quede en el olvido”, dijo.
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El debate que ahora enfrenta al pleno del CNE gira en torno a si existe todavía competencia para emitir decisiones frente a las supuestas irregularidades en los informes de ingresos y gastos de campaña, en especial en lo referente a la primera vuelta.
De confirmarse la caducidad, ningún implicado podría ser sancionado por estos hechos, dejando en el aire un caso que ha sido políticamente sensato para el gobierno y sus adversarios.
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