Mientras la reforma a la salud hace trámite en el Congreso, el Gobierno decidió no esperar más y sacó un decreto que la implementa. Críticos dicen que tiene vicios de legalidad.
En momentos en los que el Senado se dispone a retomar la discusión de la reforma a la salud en tercer debate –e incluso, horas después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se declaró dispuesto a concertar el proyecto–, el Gobierno de Gustavo Petro sorprendió con un controvertido decreto en el que, alertan expertos y críticos, se materializa e implementa de facto la iniciativa.
Se trata del Decreto 0858 de 2025, firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ideado para promover un nuevo modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.
El documento, de más de 30 páginas, se conoce justo cuando la Comisión Séptima del Senado calienta motores para reanudar la discusión y luego de que esa célula legislativa eligiera al senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) como presidente.
Se trata de uno de los mayores críticos del Ejecutivo, quien ha contribuido al hundimiento de varios proyectos –entre ellos la propia reforma a la salud versión 1.0– y que es considerado cercano al ala que lidera el jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria, otro de los mayores detractores del “Gobierno del Cambio”.
El documento expone varios de los puntos que contenía el proyecto de reforma, entre ellos, el cambio de modelo, que ahora estará basado en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS).
El acto administrativo cambia varios apartes del Decreto 780 de 2016, que era el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y cambia el financiamiento del sistema, la contratación, la organización de las instituciones que lo componen y las responsabilidades de los actores.
En ese sentido, se ponen en marcha cambios en torno a un enfoque territorializado por medio de la Atención Primaria en Salud; de la redefinición de la operación de las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadores de servicios de salud (IPS), entes territoriales, la industria farmacéutica y los operadores logísticos; así como la creación obligatoria de las RIITS.
Por otro lado, el modelo preventivo, predictivo y resolutivo –dice el decreto– girará en torno a la gobernabilidad, gobernanza y territorialización; las RIITS; la formalización laboral del talento humano en salud y otros trabajadores del sector; la calidad y sistema integrado de información de la Atención Primaria; así como la soberanía sanitaria.
Lo expuesto en el documento le da un papel fuerte a las entidades territoriales (secretarías de salud de departamentos, distritos y municipios), que serán las líderes operativas que organizarán los equipos básicos de salud (EBS), las RIITS y los CAPS.
Estos cambios en el sector estarán financiados con recursos del aseguramiento en salud administrados por la Administradora de Recursos de Salud (Adres), el Sistema General de Participaciones (SGP), los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados y otras fuentes que se permitan.
En este punto, el decreto indica que no se modificará la manera en la que se destinarán los recursos del sistema y que todo dependerá del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de la disponibilidad de recursos del Estado.
Sin embargo, justo acá comienzan también los líos. De acuerdo con el investigador en salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, las condiciones para implementar el nuevo modelo “no existen” y no hay plata para pagarlo, “pues cuesta una reforma tributaria entera”.
En esa línea, la senadora Norma Hurtado (Partido de La U), quien hace parte de la Comisión Séptima, reveló que solo en talento humano se requerirían entre $7,1 y $8,7 billones, sumado a $6 billones para construir los CAPS. En este contexto, no puede pasar por alto que el propio Petro está en búsqueda de otra reforma tributaria por alrededor de $26,3 billones.
Para Vecino, la clave del decreto es el artículo que centraliza el uso de los recursos, teniendo en cuenta además que en el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo tramitará con miras a 2026 se destinan para aseguramiento en salud $76,9 billones, más de $10 billones más frente a este año, cuando ascendió a $65,3 billones.
Entre tanto, el futuro de las EPS se encaminará a las funciones que planteaba la reforma presentada en el Congreso: no manejar los recursos del sistema y serán responsables del riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud de sus afiliados.
Al respecto, las aseguradoras tendrán que articularse con las RIITS, que serán organizadas por las entidades territoriales; contratar por territorio los prestadores de servicios de salud; organizar el proceso de referencia y contrarreferencia; implementar la adscripción poblacional de los ciudadanos; al igual que habilitar las “regiones y subregiones funcionales”.
El Ministerio de Salud tendrá a su cargo funciones de vigilante y ejecutor de estos cambios. Por lo cual, tendrá las responsabilidades de rectoría y planificación territorial; regular redes y servicios; hacer la gestión del talento humano; liderará la soberanía sanitaria y datos, y actualizar en un año un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y formular en seis meses lineamientos para hacer seguimiento y evaluación del modelo.
Para el investigador Vecino, otro de los líos es justamente que no hay tiempo. “La implementación se espera que ocurra en seis meses. Justo finaliza alrededor del inicio de la ley de garantías, detalle no menor”, explicó.
Según el especialista, el nuevo modelo “promueve los mismos vicios de la reforma: mayor ineficiencia en el gasto, subordina a las IPS a pertenecer a una red habilitada por el Ministerio, finaliza la desaparición de la función de aseguramiento al universalizar el giro directo, diluye la gobernanza del sistema (nadie es responsable por los pacientes) y le da más responsabilidades a las entidades territoriales sin darles recursos o fortalecer capacidades”.
Incluso, alertó que el modelo territorializa a las EPS sin los datos, “el insumo más importante” para esa función. “La Nueva EPS no tiene estados financieros de los dos últimos años y el Gobierno ha dicho que la razón por la que no incrementó la UPC es porque no confía en los datos de la NEPS, EPS intervenida por el mismo Gobierno y que tiene al 20% de la población”.
Otra de las que alzó su voz de protesta fue Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien advirtió que el modelo de atención en salud que materializa el decreto modifica la organización del sistema y “desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población”.
Según Vesga, el decreto “no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. La reforma a la salud con serios vicios de legalidad”, reclamó.
No obstante, el presidente Petro respondió a la controversia y afirmó que “dejar en libertad” a las EPS para que pasen a ser gestoras y dejen su función actual de aseguradoras financieras, “es ni nada más, ni nada menos, que el principio de libertad de empresa instaurado en la Constitución”.
En ello coincidió Francisco Castellanos, director de la organización Defensa del Paciente, quien aseguró que el decreto es “un avance en la política pública de salud”, en la medida en que reorganiza el sistema desde lo local para garantizar que exista un acceso más equitativo y continuo y resolutivo a los servicios en los territorios.
Negando que el decreto sea una reforma a la salud de facto, Castellanos dijo a este diario que “es un gran acierto” que el decreto busque llevar atención primaria en salud a las personas más vulnerables del país. “Va a permitir prevenir enfermedades y en el primer nivel de atención detectar diagnósticos y proveer servicios básicos”, agregó, reconociendo que el principal reto será la articulación entre los diferentes actores del sistema a la hora de la implementación.
Si bien el ministro Benedetti sostuvo que el decreto “no toca absolutamente nada de la naturaleza, la columna vertebral ni la idea principal de la reforma”, lo cierto es que la iniciativa cayó mal en la Comisión Séptima. “El Gobierno Petro decreta muerte A la salud y la vida de los colombianos. El decreto es una bomba contra el sistema. Se desmonta el actual sistema de salud sin un plan, sin recursos y sin un rumbo claro”, reclamó el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático).
La senadora conservadora Nadia Blel, saliente presidenta de la Comisión, ofició a la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo buscando que se mitiguen los riesgos ante el decreto, en particular, frente a la sostenibilidad del sistema de salud, el patrimonio público y la garantía de los derechos fundamentales.
Regístrate al newsletter 
![[En video] Señales de que tienes la personalidad de un golden retriever](http://estaticos.elcolombiano.com/binrepository/427x225/78c0/349d224/none/11101/RUCL/personalidad-de-golde-retriever-imagen-destacada_48455877_20250731173710.jpg "[En video] Señales de que tienes la personalidad de un golden retriever")
