El condenado contratista Emilio Tapia volvió a quedar en libertad. La decisión a su favor no es un hecho aislado ni un simple trámite judicial. Es el resultado de un sistema de ejecución de penas que, en la práctica, ha permitido que un condenado reincidente por corrupción acceda de manera reiterada a beneficios penales, pese a un historial que incluye dos de los mayores escándalos de contratación pública en Colombia.
“Epa Colombia necesita los contactos de Emilio Tapia”, se leía en redes y la insinuación no es exagerada. Resume el contraste de la justicia en el país. Daneidy Barrera lleva cerca de un año en prisión cumpliendo una condena de cinco años por vandalizar estaciones de TransMilenio.
No se robó plata del erario, pagó por los daños y ha mostrado procesos de resocialización. Aun así, sigue tras las rejas, incluso siendo madre de una bebé de apenas un año. En contraste, Tapia, volvió a quedar en libertad.
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La decisión se produjo este martes por orden de la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien concedió al contratista la libertad condicional tras reconocerle 90 meses y 10 días de prisión cumplidos y fijar un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.
La misma jueza ya había ordenado su libertad el 11 de abril pasado, fallo que luego fue revocado y que terminó con Tapia nuevamente capturado el 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, en un operativo de la Dijín.
Ese ir y venir judicial, más propio de una puerta giratoria que de un sistema sancionatorio eficaz, es lo que hoy despierta los mayores cuestionamientos. Tapia no es un delincuente ocasional ni un infractor primerizo. El país lo conoció como uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, uno de los escándalos más graves de corrupción en la historia reciente.
Años después, reapareció en el caso Centros Poblados, un desfalco de más de 70.000 millones de pesos destinados a llevar internet a las zonas más apartadas del país. Recursos públicos que terminaron desviados mediante anticipos respaldados con documentos falsos.
En total, Tapia acumula condenas por cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. La suma de sus penas alcanza los 12 años y un mes de prisión. Aun así, su historial parece no pesar lo suficiente cuando llega el momento de evaluar beneficios penales.
Para el constitucionalista Germán Calderón España, el mensaje que deja este caso es profundamente nocivo. “No existe una justificación razonable ni objetiva para que una persona reincidente en delitos contra la administración pública goce de beneficios que le permiten recuperar la libertad en varias ocasiones”, advirtió.
A su juicio, mientras a quienes cometen delitos menores se les aplican filtros rigurosos y exigencias estrictas, Tapia ha recibido un trato privilegiado que termina erosionando la credibilidad del Estado de Derecho. “Mientras que muchos abogados tienen que pasar por múltiples límites que los jueces encargados de la libertad de sus clientes aplican rigurosamente frente a personas que cometen delitos menores, el señor Tapia ha gozado de tratamientos especiales y beneficios que deberían proscribirse de nuestros códigos sustantivos y adjetivos penales en Colombia”.
Con lo anterior, también mencionó que “sería la única forma de dejar precedentes para que los servidores públicos y contratistas cuiden el patrimonio de todos, de lo contrario, la corrupción tendrá asidero, inclusive, en la norma, desafortunadamente”, concluyó el abogado.
El debate se agrava porque las decisiones que han favorecido a Tapia hoy están bajo la lupa disciplinaria. La Comisión de Disciplina Judicial abrió investigación contra la jueza Fernández Castellón por presuntas irregularidades y posibles maniobras que habrían interferido en la recaptura del contratista, pese a que existía una orden judicial vigente. El proceso, que ya estaba en curso por la libertad concedida en abril, ahora deberá evaluar nuevas denuncias por una eventual obstrucción a la justicia.
Más allá de los expedientes penales que lo acompañan desde hace más de una década, el contratista ha logrado mantenerse inserto en círculos de poder político y social, un factor que, aunque no forma parte de los fallos judiciales, sí ha incidido en la percepción pública de su caso y en los cuestionamientos que lo rodean.
Tapia mantiene una relación directa con la política activa. Es pareja sentimental de la congresista Saray Robayo y padre de su hija, una circunstancia que lo ha mantenido cercano a escenarios legislativos y a espacios de la élite política, incluso mientras avanzaban procesos judiciales en su contra.
Esa cercanía ha tenido efectos concretos. La congresista Robayo ha enfrentado cuestionamientos reiterados por su relación con un empresario condenado por delitos contra la administración pública.
La relación personal terminó trasladándose al debate político, con señalamientos sobre la coherencia ética y el impacto reputacional que implica compartir proyecto de vida con una figura marcada por un amplio prontuario criminal.
Este martes, en medio del nuevo episodio de libertad condicional del contratista, Saray Robayo anunció que no aspirará al Congreso en las próximas elecciones, una decisión que se da tras meses de cuestionamientos públicos y desgaste político asociados a su vínculo con el empresario.
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