Tanto el Gobierno como los congresistas de la oposición podrán radicar sus ponencias hasta el 25 de septiembre, con la finalidad de definir el monto y los gastos de la política de Presupuesto público de 2026.
Para el Gobierno, en palabras de su ministro del Interior, Armando Benedetti, el Presupuesto quedó fijado para la discusión en el Congreso en $557 billones, que corresponde a su propuesta original. No obstante, miembros opositores señalaron que dicho monto no fue aprobado, aunque tampoco rechazado.
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Esto se debió a que el 11 de septiembre, cuando las comisiones económicas discutían la definición del monto, la sesión fue levantada por falta de quórum en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
El cumplimiento de la agenda legislativa resulta clave, ya que, antes del 15 de septiembre, las comisiones económicas del Senado y Cámara debían definir el monto del presupuesto de gastos. Ahora se espera que se radiquen las ponencias para el primer debate en el Congreso.
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, indicó que su partido, el Centro Democrático, junto con otros congresistas que se oponen al proyecto del Gobierno, podrían presentar una ponencia el 25 de septiembre para que el proyecto se discuta. Esta iniciativa competiría en votación con la del Gobierno, en caso de que este decida irse por su propuesta de $557 billones.
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De esta manera, si tanto el Gobierno como la oposición radican sus proyectos, la votación será la que defina los lineamientos bajo los cuales se debatirá la política fiscal de 2026.
Como se mencionó anteriormente, el 25 de septiembre se realizarían las votaciones para definir los lineamientos del Presupuesto. El 1º de octubre el proyecto pasaría a las sesiones plenarias y el 20 de octubre vence el plazo para su aprobación en dichas instancias.
Según lo reveló la senadora Angélica Lozano, si el 20 de octubre el Congreso no aprueba el Presupuesto a tiempo, regirá el proyecto del Gobierno con las modificaciones del primer debate.
Antes del 10 de diciembre, en caso de que no se apruebe el Presupuesto, el Ejecutivo deberá expedir el decreto de repetición, mediante el cual se adoptaría el Presupuesto del año anterior con los ajustes correspondientes, situación denominada como dictadura fiscal.
También se avanza con la reforma tributaria que asciende a $26,3 billones; sin embargo, este es un proyecto en el que el Gobierno estaría dispuesto a sacrificar $10 billones con la finalidad de lograr consensos.
El 24 de septiembre es la fecha límite para radicar las ponencias de la tributaria. A mediados de octubre, se conformarían las subcomisiones y se adelantaría el primer debate en las comisiones. El segundo debate se daría en noviembre, mientras que la aprobación por conciliación está prevista para el 27 de noviembre.
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“Entre el 15 y el 25 de septiembre debe aprobarse en primer debate el Presupuesto. Ya quedó con un monto elevado de $557 billones, y el Gobierno impulsa una tributaria, la más alta de la historia. Nos oponemos porque afecta a los ciudadanos a quienes se les imponen más impuestos”, expresó la senadora y también ponente de la iniciativa, Angélica Lozano.
Agregó, además, que el proyecto presupuestal del Gobierno incluye disposiciones que otorgan facultades al Ejecutivo y al Presidente para realizar movimientos a su “antojo” en algunos rubros, los cuales, según ella, constituyen “hoyos negros” alimentados con varios billones, “pero que carecen de control o mecanismos para la rendición de cuentas”.
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El senador y ponente, Ciro Ramírez, sugirió que el Presupuesto debe fijarse en $517,4 billones, planteando un recorte. El Ministerio de Hacienda advirtió que existen altos gastos inflexibles dentro de la política fiscal, entre los cuales se encuentran los de funcionamiento ($365,7 billones), deuda ($102,4 billones) e inversión ($88,7 billones), que en conjunto suman $556,9 billones.
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