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Los jóvenes en Colombia son una fuerza transformadora de la sociedad. La manera como la política pública aborda este grupo poblacional, marca una diferencia importante en el desarrollo social, la generación de capital social y económico de las ciudades. Con frecuencia, se les asocia con la violencia, la deserción escolar, los desequilibrios en la salud mental, el consumo de drogas, la inmadurez, y la participación en economías ilegales. Esta perspectiva, además de ser injusta, no es útil.
Los programas públicos tradicionales suelen quedarse en la etapa de la sensibilización o la prevención, pero pocas veces se avanza hacia la generación de oportunidades reales. Aquí, el rol de los gobiernos locales, y la sociedad civil organizada es fundamental. Estas oportunidades deben llegar a quienes enfrentan barreras de acceso por su contexto socioeconómico. Solo así, se generan profundos cambios en la movilidad social.
El éxito de estas políticas no es una utopía. Existen ejemplos concretos que demuestran que, con la inversión adecuada, los jóvenes se convierten en agentes de cambio. La evidencia muestra que cuanto más temprano se realice la inversión en la vida de niños y jóvenes, mayor será la rentabilidad social de los programas. De acuerdo con Hendren y Sprung-Keyser (2020), las políticas que invierten en la salud y la educación de la primera infancia presentan un Marginal Value of Public Funds (MVPF) significativamente más alto que aquellas dirigidas a los adultos. Esto se debe a que la inversión temprana genera beneficios acumulativos a lo largo del ciclo de vida, permitiendo que los niños accedan a mayores niveles de educación, mejores empleos y salarios más altos en la adultez, lo que se traduce en mayores ingresos fiscales y menores transferencias del Estado.
La inversión en jóvenes también tiene un gran potencial de retorno social. Los programas dirigidos a la formación técnica y universitaria, la inserción laboral y la promoción de habilidades socioemocionales han demostrado aumentar la probabilidad de empleo formal y reducir la participación en economías ilegales.
Estos beneficios no solo mejoran el bienestar individual, sino que también contribuyen a la cohesión social y a la reducción de la violencia urbana. Es importante subrayar que las oportunidades no deben ser generalizadas ni abstractas. Los jóvenes de empleabilidad con metas claras, becas educativas con acceso garantizado, acompañamiento y atención psicosocial, y apoyo para proyectos de emprendimiento y acceso a tecnología de vanguardia son algunas de las medidas que han demostrado ser efectivas.
Los gobiernos locales enfrentan una decisión clave: seguir destinando recursos a la contención policial o invertir en oportunidades reales para los jóvenes. La primera opción es cara, ineficaz y perpetúa la exclusión. La segunda opción es más rentable, más justa y más sostenible.
El camino hacia una Colombia más segura y próspera pasa por un cambio de enfoque: los jóvenes son la oportunidad más valiosa que tenemos para generar desarrollo local, capital social y nuevo tejido empresarial. Pero esta oportunidad solo se activa cuando los conectamos con posibilidades reales.
