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No se entiende aún por qué el gobierno nacional insiste en ignorar las consecuencias de un posible déficit de energía en los próximos años. No basta con atribuirlo al fenómeno de El Niño y a la disminución de los embalses: el verdadero problema radica en una política errática que debilita, con alarmante ligereza, la seguridad y la soberanía energética del país.
Durante casi tres décadas, Colombia levantó un marco regulatorio que garantizó estabilidad, atrajo inversión y sostuvo el crecimiento del sistema. Hoy ese avance se encuentra amenazado por intervenciones apresuradas, carentes de sustento técnico y jurídico, que generan incertidumbre y erosionan la confianza. Lo que antes era una advertencia, se convierte en una amenaza concreta: el país podría enfrentar un apagón no solo energético, sino también financiero.
La tensión entre el clamor ciudadano por reducir tarifas y la necesidad de asegurar la continuidad del servicio crece cada día. La presión social es legítima, pero no puede resolverse con decretos improvisados que cambian las reglas sin claridad. El sistema requiere normas estables, visión de largo plazo y respaldo institucional.
Las señales oficiales resultan inquietantes. Se anuncian leyes que despiertan más dudas que certezas y se revisan mecanismos esenciales del mercado sin criterios transparentes. La suma de urgencia política y falta de rigor técnico no solo compromete la economía del sector eléctrico: mina la credibilidad del Estado como garante del suministro.
La brecha entre oferta y demanda se amplía por retrasos en proyectos de generación y transmisión, mientras gran parte del Sistema de Transmisión Nacional requiere modernización. La demanda crece con rapidez en las ciudades, pero la capacidad del sistema avanza a un ritmo mucho más lento.
Los obstáculos estructurales son conocidos: trámites ambientales interminables, inseguridad jurídica que desalienta la inversión y falta de coordinación entre instituciones. Todo esto coloca al país ante una disyuntiva: avanzar hacia una transición energética realista, con reglas claras y continuidad normativa, o resignarse a un racionamiento con graves consecuencias económicas y sociales.
Una verdadera transición energética exige decisiones consistentes, normas confiables y un horizonte estratégico que combine sostenibilidad ambiental, seguridad del suministro y equidad social. Solo con una planificación seria y concertada entre Estado, gremios y academia será posible evitar que la improvisación conduzca a un colapso.
En este escenario, impulsar cambios sin diagnóstico ni soporte técnico no equivale a liderazgo climático, sino a irresponsabilidad. Pese a ello, el gobierno niega la posibilidad de un apagón y transmite una calma artificial que contradice la evidencia. Esa actitud, más ideológica que técnica, posterga las decisiones que garantizarían la sostenibilidad del sistema.
La política energética es también política social. Define la justicia distributiva, la confianza en las instituciones y la credibilidad del país frente a los inversionistas. Convertir la sostenibilidad en un verdadero proyecto nacional exige reconocer esa complejidad y actuar en consecuencia. Lo que está en juego no es únicamente el costo de la electricidad, sino el rumbo mismo del desarrollo colombiano en las próximas décadas.
