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La herida no solo sigue abierta sino que se ahonda. A los miembros de la Fuerza Pública los han juzgado, condenado, están en prisión y perdieron sus derechos políticos. Los del M19 quedaron en total impunidad y hoy ocupan los más altos cargos del Estado.
Álvaro Uribe, ponente en su momento de la ley que benefició a los guerrilleros, ha abierto un debate al plantear que a “los militares que participaron en el rescate del Palacio se les concedan todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”. Busca eliminar la patente inequidad en el tratamiento dado a soldados y guerrilleros.
Jorge Enrique Ibañez ha sostenido que los dos indultos al M19 no exoneran a los guerrilleros de responder por los delitos cometidos en el asalto. El presidente de la Constitucional argumenta que esos indultos vulneran las normas internacionales que sostienen que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser amnistiados o indultados.
Ambas posturas son ciertas y, al mismo tiempo, contrarias. La del Expresidente pretende no sean los uniformados los únicos que rindan cuentas ante la justicia y la del magistrado Ibañez que no haya impunidad para los guerrilleros.
Tiene razón el Magistrado cuando sostiene que el derecho penal internacional obliga a investigar, juzgar, condenar y que haya sanción efectiva de los crímenes internacionales. Y no hay duda de que en el asalto al Palacio de Justicia el M19 cometió múltiples crímenes de guerra.
Pero hay una duda: ¿la obligación internacional de sanción efectiva a los crímenes internacionales se aplica a aquellos cometidos antes de la entrada en vigencia, el 01 de julio de 2002, del estatuto de la Corte Penal Internacional? La idea de su aplicación retroactiva es polémica. Y hay dos muy problemáticas consecuencias prácticas. El primer afectado por una decisión que no dejara en la impunidad los crímenes cometidos por el M19 sería Petro que, aunque nunca fue indultado y no hizo parte de las unidades del M19 que entraron al Palacio, sí participó en la planeación del ataque. La segunda, que con la misma tesis sea caería la impunidad de facto pactada en el 2016 para las Farc.
Por otro lado, es indispensable evitar la distorsión de la verdad. Petro, que es consustantivamente mentiroso, ha sostenido que el M19 no tuvo relación alguna con el narcotráfico para el asalto y que “ninguna bala proveniente de armas del M19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados”.
No hay duda alguna de que Escobar financió el asalto al Palacio. Según testimonios de la hermana de Pablo, de Virginia Vallejo y de Popeye, Escobar le dio dos millones de dólares al Eme para el asalto y quemar los expedientes de extradición. Testimonios de magistrados que salieron vivos y los hechos mismos, muestran que el Eme fue directamente a buscar a los magistrados de las salas constitucional y penal de la Corte, que eran quienes tenían a su cargo resolver la constitucionalidad del tratado de extradición y aprobar las extradiciones. Además, el día del asalto la constitucional estudiaría la ponencia favorable a la extradición.
No es coincidencia que fueran los magistrados de esas salas, con un par de excepciones, los asesinados. Y los mató el M19, como dicen los análisis forenses y los testimonios de magistrados que, como Samuel Buitrago, Nemesio Camacho, Humberto Murcia y Hernando Tapias, sobrevivieron el asalto.
El Eme, desde el poder, y de la mano de la extrema izquierda, pretende torcerle el cuello a la verdad.
