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Como de premios Nobel se trata, sea la oportunidad para aclarar que el pacto con las Farc no solo no trajo la paz sino que sembró nuevas violencias.
Vía la JEP aseguró la impunidad de facto de los decenas de miles de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las Farc, como quedó probado en la sentencia sobre secuestros, decisión en la que no se estableció ninguna restricción efectiva de la libertad para los bandidos. Y no hay paz sostenible que pueda construirse sobre la injusticia. Y al premiar a los asesinos con beneficios políticos y económicos que no tenemos quienes jamás hemos delinquido estableció unas condiciones que invitan a iniciarse en el crimen y a continuar su ruta.
Finalmente, lo que se pactó en materia de narcotráfico explica en buena parte la persistencia de la violencia y el aumento de su intensidad en el tiempo. Pero vamos a las cifras. Si en el 2000 la primera medición de la coca en Colombia mostraba 163.000 hectáreas sembradas, para cuando Uribe dejó el gobierno los narcocultivos se habían reducido a 63 mil h y la producción de cocaína había caído a 434 toneladas. Para el 2013, teníamos solo 48.000 h de coca y se producían 290 t de cocaína. Dígase lo que se diga, la estrategia estaba funcionando. En el 2014, se firma el componente de narcotráfico con las Farc y todo el esfuerzo se viene abajo. Desde entonces las hectáreas sembradas de coca y las toneladas de cocaína no han hecho sino aumentar hasta alcanzar 253 mil h y 2.664 t de cocaína. El “nuevo enfoque histórico” resultó un fracaso absoluto: jamás habíamos tenido tanta coca ni habíamos producido tanta cocaína como ahora.
Aunque sin duda este gobierno tiene parte de la responsabilidad porque sus políticas favorecen a los mafiosos, el origen del problema es el pacto con las Farc y sus garrafales errores en materia de narcotráfico. Los incentivos perversos iniciaron durante la negociación. Para empezar, el gobierno suspendió la fumigación aérea. Inicialmente, en un área de diez kilómetros desde la frontera con Ecuador y después en todo el país. Más tarde el gobierno paró toda la erradicación forzada. Y vinieron varios incentivos adicionales: definieron con las Farc que la erradicación debería ser manual y voluntaria; acordaron el pago de mensualidades a los narcocultivadores, de manera que muchos campesinos que sembraban cultivos lícitos decidieron pasarse a la coca para recibir los beneficios; prohibieron extraditar a los narcotraficantes de las Farc y sus familiares; determinaron que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los delitos políticos y por tanto indultable y amnistiable; no establecieron la obligación para las Farc de denunciar a sus cómplices, las rutas, los laboratorios y los narcocultivos ni tampoco sanción para los que no entregaran los bienes y dineros ilícitos. Mientras tanto, no prepararon a la Fuerza Pública ni al gobierno para hacer el control militar de área en las zonas que dejaban las unidades de las Farc que se desmovilizaron ni para asegurar la presencia estatal en el territorio. Los grupos violentos, hoy todos mafiosos, han sabido aprovechar muy bien todas las ventajas que Santos les entregó, y ahora las de Petro, y son ricos y poderosos.
En fin, Santos es responsable primordial de la violencia que hoy vivimos. Y si no se corrigen los problemas estructurales del componente sobre narcotráfico del pacto con las Farc, la situación irá a peor. La paz en Colombia pasa por la justicia y, sobre todo, por quebrarle el pescuezo al narcotráfico.
