El anuncio del Gobierno —o amenaza, según la oposición y expertos— respecto a que la consulta popular “va por que va” se hizo realidad. Este martes, en una alocución presidencial improvisada, el presidente Gustavo Petro anunció que decretará el mecanismo “porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República”, lo cual es falso. La insistencia en hacer la consulta, según expertos y la oposición, implica un ataque a la separación de los poderes públicos toda vez que el Legislativo ya se pronunció y que eventualmente el Consejo de Estado tumbaría el decreto.
“La Corte Constitucional, no otra instancia judicial sino la Corte Constitucional, tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haremos esta semana. Sé que me van a caer todos y que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político colombiano, no hay ningún otro dueño”, señaló el mandatario en la alocución que interrumpió, nuevamente, los noticieros de los canales privados.
Según anunció Presidencia, en la consulta que van a decretar se incluirán las 12 preguntas iniciales sobre la reforma laboral, es decir que el Gobierno se baja de las cuatro adicionales sobre salud, que también fueron criticadas por expertos.
Horas antes, el ministro de la política, Armando Benedetti, dijo que estaba adelantando reuniones “para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es si se debe hacer el decreto o no, sino cómo se debe hacer. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando y se está haciendo. Ya hay una columna vertebral de este decreto”. Según el Ejecutivo, el pasado domingo 1 de junio venció supuestamente el plazo para que el Senado se pronunciara lo que facultaría al Gobierno para decretar el mecanismo popular.
Incluso, según conoció EL COLOMBIANO, la consulta podría decretarse esta misma semana pues Benedetti está adelantando reuniones para blindar jurídicamente el documento. Se había hablado que se decretaría el 12 de junio, pero fuentes del alto Gobierno señalan que sería antes “si las asesorías salen bien”. Los dos asesores principales son el exfiscal general Eduardo Montealegre —que tiene contratos en el Gobierno, particularmente en RTVC asesorando al polémico Hollman Morris— y Luis Ernesto Vargas, expresidente de la Corte Constitucional y actual embajador de Colombia ante la OEA.
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¿Se puede decretar?
Sin embargo, a pesar del respaldo de esos dos juristas, expertos han señalado que el Gobierno no puede decretar la consulta y hay varios argumentos. Primero, que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al admitir una demanda contra la decisión del Senado de hundir la consulta popular, reconoció que el trámite de esta iniciativa radicada el pasado 1 de mayo “culminó” y el concepto desfavorable emitido se convirtió en un “acto definitivo” por parte del Congreso.
Por esa misma línea, el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, le dijo a EL COLOMBIANO que la posición del Gobierno “es insostenible”. Para el exmagistrado, “hubo una decisión del Senado, expresada por su presidente y certificada por el secretario de la corporación adversa a la consulta”. El jurista explica que “el Presidente de la República no puede, por sí y ante sí, declarar que esa decisión es inexistente. Si considera que hay algún vicio o alguna irregularidad tendría que plantearla ante la instancia judicial competente y sólo si el juez deja sin efecto el pronunciamiento cabría buscar una salida distinta”.
Incluso, un funcionario con asiento en el Consejo de Ministros le dijo a este diario que el Gobierno “hace rato dejó de pensar que lo de la consulta es viable electoralmente. Nunca se pensó así, de hecho. Esto es un seguro de vida para presionar al Congreso, un emplazamiento, y mire que ha funcionado: sin la consulta no hubiese revivido la reforma (laboral)”.
Es decir, que se trata realmente de un mecanismo de presión frente al Congreso, pero también un vehículo para hacer campaña anticipada de cara al 2026.
